Uno de los puntos más graves de este informe señala que la entidad habría interceptado de manera ilegal a varios miembros que consideraba de oposición.
Un nuevo escándalo salpica a la Dirección Nacional de Inteligencia, DNI, luego de que la Revista Semana revelara una presunta desviación de la entidad durante el Gobierno del expresidente Gustavo Petro, hecho que habría sido descubierto tras una auditoría ordenada por el presidente Abelardo de la Esperilla.
Los hallazgos revelan que, presuntamente, la entidad se habría convertido en una «policía política» al servicio del poder ejecutivo de turno.
De acuerdo con los documentos revelados, la DNI habría operado con una estructura paralela para fines políticos y delictivos y que incluso se creó un bloque interno de «contrainteligencia de Estado» que le reportaba directamente al expresidente Petro.
Sumado a ello, el reporte señala que se identificó un supuesto método para crear «amenazas falsas», asignar protección de la UNP o Policía a los objetivos.
Interceptaciones ilegales: exfiscal Francisco Barbosa aparece en la lista
Uno de los puntos más graves de este informe señala que la entidad habría interceptado de manera ilegal a varios miembros que consideraba de oposición, entre ellos el entonces fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa.
Según Semana, «el aparato de inteligencia de la DNI no actuó como una rueda suelta. Por el contrario, fue una pieza más en un complejo engranaje que incluía a la Uiaf y a la Dian, y a algunos oficiales de la Policía y el Ejército, aliados del gobierno Petro».
En consecuencia, el reporte revela que «a partir de unas órdenes de trabajo que impartió la Uiaf, se le empezaron a hacer escuchas, seguimientos y búsquedas selectivas en bases de datos al fiscal Francisco Barbosa».
Semana asegura que una alta fuente de la Unidad de Información y Análisis Financiero, Uiaf, confirmó que la DNI también habría intervenido las comunicaciones de la vicefiscal Martha Mancera, la procuradora Margarita Cabello, el excontralor Carlos Felipe Córdoba, el general (r) Eduardo Zapateiro, el general (r) Luis Fernando Navarro, el general (r) Jorge Luis Vargas, el expresidente Iván Duque, María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Miguel Uribe Turbay.
Exfical Francisco Barbosa anuncia acciones legales
Ante estas revelaciones, el exfiscal Francisco Barbosa señaló que se trata de hechos de extrema gravedad.
«Si los hechos se confirman, constituirían uno de los ataques más graves contra la independencia de la justicia en la historia reciente del país. Hablamos de usar el aparato de inteligencia del Estado para vigilar al Fiscal General, precisamente cuando la Fiscalía investigaba a personas del entorno del entonces presidente. Eso habría sido un intento de intimidar y neutralizar a la justicia», dijo Barbosa en un comunicado oficial.
El exfical fue enfático al señalar que ninguna autoridad administrativa ni de inteligencia en Colombia puede interceptar comunicaciones sin contar con una orden judicial.
«Lo prohíben el articulo 15 de la Constitución y la Ley 1621 de 2013. Hacer seguimientos y perfilamientos con fines políticos es una práctica propia de regímenes autoritarios y no tiene cabida en un Estado de derecho», agregó el exfiscal.
Ante toda esta situación, el exfuncionario también señaló que el próximo lunes 5 de octubre acudirá la Fiscalía General de la Nación para presentar la denuncia penal correspondiente.
«Será contra todos los que resulten responsables de ordenar, ejecutar, encubrir o recibir el producto de estas actividades ilegales, cualquiera que haya sido su nivel jerárquico. Pediré a la Fiscalía que adelante la investigación con la mayor celeridad, para que el tiempo no borre las huellas criminales. Si las responsabilidades alcanzan a aforados constitucionales, acudiré también ante las instancias competentes», dijo.
Barbosa pedirá respuesta de la DNI y la UIA
El exfiscal Francisco Barbosa también reveló que solicitará formalmente a la UIAF y a la Dirección Nacional de Inteligencia que le entreguen toda la información, órdenes de trabajo y registros que existan sobre él.
«Pediré además que se garantice la preservación de toda la evidencia», dijo.
Finalmente, Barbosa envió un mensaje de solidaridad para la exvicefiscal Martha Mancera y con todas las personas que, según estas revelaciones, habrían sido interceptadas de manera ilegal.
Claves del tema, en cuatro preguntas:
¿Cómo se descubrió el presunto escándalo de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y qué rol desempeñaba la entidad?
El escándalo salió a la luz tras una auditoría ordenada por el presidente Abelardo De la Esperilla, cuyos hallazgos fueron revelados por la Revista Semana. De acuerdo con los documentos, durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro, la DNI presuntamente operó como una «policía política» con una estructura paralela e interna de «contrainteligencia de Estado» que reportaba directamente al ejecutivo para fines políticos y delictivos.
¿Qué figuras públicas y exfuncionarios habrían sido objeto de seguimiento e interceptaciones ilegales?
Entre las principales víctimas figura el entonces fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa. Asimismo, fuentes de la UIAF confirmaron la intervención de las comunicaciones de la exvicefiscal Martha Mancera, la procuradora Margarita Cabello, el excontralor Carlos Felipe Córdoba, el expresidente Iván Duque, los generales (r) Eduardo Zapateiro, Luis Fernando Navarro y Jorge Luis Vargas, y los congresistas María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Miguel Uribe Turbay.
¿Qué métodos e instituciones se habrían empleado para ejecutar las ‘chuzadas’?
El informe destaca la creación de un método para idear «amenazas falsas» y asignar esquemas de protección de la Policía o la UNP a sus objetivos. Para ello, la DNI funcionó dentro de un engranaje coordinado con la UIAF, la DIAN y algunos oficiales de la Policía y el Ejército, ejecutando órdenes de trabajo para realizar escuchas, seguimientos y búsquedas selectivas en bases de datos.
¿Qué acciones legales y argumentos constitucionales presentó el exfiscal Francisco Barbosa?
Barbosa calificó las interceptaciones como un intento de intimidar y neutralizar a la justicia mientras la Fiscalía investigaba a personas cercanas al expresidente. Señaló que estas prácticas violan el artículo 15 de la Constitución y la Ley 1621 de 2013, al carecer de orden judicial.
En consecuencia, anunció la presentación de una denuncia penal ante la Fiscalía, junto con la solicitud formal a la DNI y la UIAF para preservar evidencias y entregar registros de las órdenes de trabajo.
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