La Procuraduría General de la Nación solicitó información a las entidades nacionales y territoriales sobre las medidas adoptadas para garantizar el saneamiento básico y la gestión de residuos en Providencia y Santa Catalina.
En particular, el Ministerio Público requirió la información actualizada sobre los avances en la solución definitiva de los vertimientos de aguas residuales domésticas, el funcionamiento de los sistemas de saneamiento básico y las condiciones técnicas para que Coralina expida la certificación prevista en la sentencia T-333 de 2022 de la Corte Constitucional.
Dicho fallo dispuso medidas para proteger los derechos al ambiente sano, la salud y el saneamiento básico de los habitantes de la isla.
Asimismo, la entidad pidió información sobre el cierre y la restauración ambiental de los antiguos centros de acopio temporal de residuos ubicados en los sectores La Montaña, Camp y Sweet Water, así como sobre las gestiones para definir un sitio permanente de disposición de escombros, basuras y residuos orgánicos en Providencia.
Además, solicitó que las respuestas incluyan soportes técnicos, documentos y registros fotográficos que permitan establecer el avance de las medidas ordenadas por la Corte y determinar si es necesario adoptar nuevas actuaciones preventivas.
El informe completo deberá ser entregado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), a la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (Coralina) y la Alcaldía de Providencia y Santa Catalina.
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