Un estudio reveló que la superficie afectada en el país por explotación de oro de aluvión alcanzó las 118.410 hectáreas en tierra, con un incremento del 4,5% frente a las 113.310 hectáreas reportadas en 2024. Simplificando, es el oro que se extrae en los ríos.
El diagnóstico técnico advierte que el 75% de esta actividad se realiza de forma ilegal, mientras que solo un 21% cuenta con permisos técnicos y ambientales, y el 4% restante se encuentra en tránsito hacia la legalidad.
Así se confirma una tendencia de crecimiento sostenido por tercer año consecutivo, según el informe anual sobre Evidencias de Explotación de Oro de Aluvión (EVOA) 2025, presentado este viernes por el Ministerio de Minas y Energía, en conjunto con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) para la Región Andina y el Cono Sur.
El fenómeno se encuentra fuertemente focalizado, registrándose en 15 de los 32 departamentos. El 82% de la explotación no autorizada se concentra en Chocó (41.493 hectáreas), Antioquia (24.282 hectáreas) y Bolívar (7.222 hectáreas), teniendo como principales focos municipales a Nóvita, El Cantón de San Pablo, Río Quito, Istmina, Quibdó, Cáceres, Nechí, El Bagre, Zaragoza y Ayapel.
La minería de oro de aluvión ha impactado de manera desproporcionada los territorios étnicos y protegidos del país. El 45% del total nacional de esta actividad se ubica en tierras de comunidades negras —con Chocó reuniendo el 84% de ese universo—, representando además el 61% de todo el aumento registrado entre 2024 y 2025.
Asimismo, aunque la explotación en resguardos indígenas equivale al 0,4% del total, evidenció un crecimiento del 25% entre 2023 y 2025, detectándose presencia o alertas en cauces cercanos a 64 resguardos de la Amazonía.
En materia ambiental, casi la mitad del área intervenida en el territorio nacional (49% o 58.216 hectáreas) se localiza en zonas donde la minería está expresamente prohibida, incluyendo reservas forestales y Parques Nacionales Naturales.
Dentro del Sistema de Parques Nacionales se registró un aumento crítico del 153% en la presencia de EVOA entre 2023 y 2025. De igual forma, 43.048 hectáreas intervenidas afectan de manera directa la Reserva Forestal del Pacífico, considerada uno de los ecosistemas con mayor biodiversidad del planeta.
El monitoreo de la UNODC y el Gobierno confirmó un estrecho vínculo entre la extracción irregular de oro y el orden público. El 85,6% de los municipios con evidencia de explotación aluvial registran la presencia de al menos un grupo armado ilegal, pasando de 114 municipios en 2024 a 118 en 2025. Adicionalmente, existe una marcada convergencia con los cultivos de coca, registrándose una coincidencia territorial entre ambas economías ilícitas en el 48% de las áreas con minería de aluvión, con especial incidencia en departamentos como Antioquia, Nariño, Cauca y Chocó.
Ante los hallazgos del informe, la ministra de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda, afirmó que las cifras evidencian un escenario donde la extracción de oro se ha convertido en una fuente clave de financiación para la violencia.
La funcionaria anunció una estrategia gubernamental basada en tres frentes de trabajo: formalizar a los mineros con vocación de legalidad, perseguir a través de la Fuerza Pública a las estructuras criminales que explotan el recurso y desplegar acciones institucionales de recuperación en los ecosistemas afectados.
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