La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) congeló el trámite de cobro de más de $20.000 millones tras identificar inconsistencias en solicitudes de indemnización por muerte y gastos funerarios presentadas ante el sistema.
El análisis institucional reveló que el 86% de las solicitudes evaluadas presentaría irregularidades relacionadas con la supuesta acreditación de actos terroristas, causal exigida por la norma para acceder al reconocimiento de estos recursos públicos.
La decisión se tomó luego de una revisión técnica de 557 expedientes en distintas regiones del país, proceso que se adelanta en el marco de las pesquisas que cursan en la Fiscalía General de la Nación.
Ante los hallazgos, el director general de la ADRES, Iván Sánchez Arango, confirmó que la entidad interpuso una noticia criminal ante el ente persecutor y suspendió los pagos para proteger los fondos del sector de la salud mientras concluyen las investigaciones judiciales.
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