El Gobierno anunció la adopción de medidas para reactivar las empresas y unidades productivas afectadas por el terremoto del 10 de agosto, mediante el Decreto Legislativo 1418, expedido el 17 de septiembre de 2026.
La norma establece dos mecanismos principales: el traslado excepcional de recursos de las cámaras de comercio hacia los municipios damnificados y la creación de herramientas societarias temporales para que las empresas afectadas reorganizen sus operaciones, obtengan capital y recuperen su capacidad productiva.
Según información recopilada por Confecámaras con corte al 25 de agosto, 30.449 empresas y unidades productivas reportaron daños. El 40,4% de ellas no podía operar.
El decreto autoriza a las cámaras de comercio a destinar recursos, de manera excepcional y transitoria, a programas en municipios afectados que estén fuera de sus respectivas jurisdicciones.
Los fondos podrán financiar la recuperación de activos y capacidades productivas, el acceso a mercados y crédito, el fortalecimiento de cadenas de proveeduría, la innovación, la digitalización, el emprendimiento, la formalización, la capacitación y la internacionalización.
Las cámaras podrán ejecutar los programas directamente o mediante alianzas con entidades públicas y privadas, otras cámaras de comercio o Confecámaras. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo hará seguimiento trimestral a la destinación de los recursos.
“La recuperación empresarial es una condición fundamental para recuperar los ingresos de las familias, proteger el empleo y volver a poner en marcha las economías locales”, afirmó el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín.
Las empresas que acrediten afectaciones directas por el terremoto y cumplan las condiciones del decreto también podrán acceder a mecanismos societarios temporales.
Estas herramientas incluyen procesos de reorganización, disposición de activos, reducción de capital y mecanismos de emisión y capitalización. La norma también contempla, bajo condiciones específicas, el pago de dividendos en acciones y la emisión de acciones ordinarias sin derecho de preferencia.
El Gobierno señaló que las medidas buscan facilitar la recuperación de liquidez, la reposición de activos y el restablecimiento de las operaciones, con garantías para trabajadores, socios y acreedores.
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