El senador Iván Cepeda denunció un supuesto plan para implicarlo en actividades ilegales y adelantar un proceso judicial en Estados Unidos, mediante la fabricación de falsos testimonios. El pronunciamiento, publicado en su cuenta de X, se conoce en momentos en que el Gobierno estadounidense anunció la revocatoria o restricción de visas a dos ciudadanos colombianos, en una medida que también afecta a funcionarios y exfuncionarios de otros países de la región.
«ASEDIO», escribió Cepeda al comienzo de su mensaje, en el que aseguró tener conocimiento de la reactivación de un plan que, según él, agencias estadounidenses no habrían podido ejecutar anteriormente en su contra. El congresista también denunció la existencia de campañas en redes sociales que, a su juicio, buscan afectar su imagen y la de otros dirigentes del Pacto Histórico.
Cepeda habla de una supuesta persecución judicial
En su publicación, Cepeda afirmó que existiría una estrategia para fabricar testimonios falsos con el propósito de involucrarlo en actividades ilegales y promover un proceso judicial en territorio estadounidense. «Quieren aniquilar física, judicial y moralmente a quienes dirigimos el Pacto Histórico», manifestó el senador, quien también sostuvo que detrás de estas acciones habría una intención de dividir su movimiento político y debilitarlo.
El congresista aseguró que no podrán destruir su dignidad, sus convicciones éticas ni su vida política, y concluyó su mensaje con una defensa de su trayectoria: «Lo mío es el poder de la verdad».
Estados Unidos revocó las visas a Martha Peralta y Euclides Torres
El pronunciamiento del senador se conoce después de que el Departamento de Estado de Estados Unidos anunciara, el lunes 28 de septiembre, la revocatoria de las visas del empresario Euclides Antonio Torres Romero y de la senadora Martha Isabel Peralta Epieyú, integrante del Pacto Histórico y presidenta del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS). La medida también cobija a sus familiares directos.
La decisión hace parte de una política migratoria de la administración del presidente Donald Trump, enmarcada en la iniciativa Escudo de las Américas, mediante la cual Washington anunció restricciones de visado contra ciudadanos de Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú.
Según el Departamento de Estado, las medidas están dirigidas a personas señaladas de socavar gobiernos elegidos democráticamente mediante actividades de corrupción o narcotráfico. La decisión también alcanzó a numerosos funcionarios, exfuncionarios, jueces, fiscales y empresarios de Bolivia, así como a ciudadanos de Perú y Ecuador. Entre los bolivianos mencionados figura el fiscal general Roger Mariaca.
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