Los resultados de las pruebas PISA confirman un oscuro panorama en la calidad educativa de Colombia. Con puntajes de 381 en matemáticas, 399 en lectura y 414 en ciencias, el país se ubica muy por debajo de la OCDE. La verdadera tragedia reside en lo que representan para las nuevas generaciones: apenas tres de cada diez estudiantes alcanzan el nivel mínimo en matemáticas, lo que significa que la mayoría de los jóvenes de quince años es incapaz de interpretar una situación matemática simple, como convertir moneda extranjera a pesos.
Ante esta crisis, la izquierda y los sectores sindicales recurren a excusas externas, responsabilizando a la pandemia o a las brechas socioeconómicas. El problema es estructural y de gestión política. Aunque el presupuesto para educación creció del 9,1% en 1990 al 16,5% actual y es el sector con más recursos, dicha inversión no se traduce en mejoras en las aulas. El nudo gordiano radica en que los maestros públicos han sido incapaces de conseguir que sus estudiantes avancen, a pesar de haber mejorado su formación con maestrías.
En Colombia nos enfrentamos a un gremio que se niega a ser evaluado con rigor; las evaluaciones actuales no miden la idoneidad docente. La cruda realidad queda al descubierto al contrastar los colegios públicos frente a los privados. Mientras los privados registraron un promedio de 430 puntos en matemáticas, los alumnos de escuelas oficiales —particularmente las rurales— quedaron rezagados con apenas 362 puntos. Esta diferencia representa una brecha equivalente a casi dos años de escolaridad real. Los hijos de familias que pagan un colegio privado reciben herramientas para competir, mientras que el Estado condena a los jóvenes más vulnerables a un sistema oficial que no les enseña ni lo básico, ensanchando la desigualdad.
El manejo de la educación pública está en manos de un sindicato que adoctrina políticamente y no educa. A las directivas sindicales parece importarles poco los estudiantes; su preocupación es el aumento de privilegios corporativos, operando con lógicas que paralizan el calendario escolar con paros recurrentes y condenando a los niños de menores recursos a una formación de tercera categoría. Esta captura institucional perpetúa una brecha abismal entre la educación pública y la privada, convirtiendo al aparato estatal en una trampa de pobreza que destruye las oportunidades de las familias más vulnerables, en lugar de ser el motor de movilidad social.
Para superar este escenario de mediocridad y salvar el futuro nacional, se demanda una transformación profunda. Colombia requiere soluciones estructurales que pongan fin al secuestro educativo y prioricen el aprendizaje real. Hay que buscar acuerdos con FECODE. Si no se logran, es indispensable estructurar un sistema de evaluaciones obligatorias, transparentes e independientes para el cuerpo docente. Estas evaluaciones de desempeño deben estar vinculadas a la permanencia en el cargo y a incentivos económicos reales. Un buen maestro es aquel que demuestra la capacidad de extraer los mejores rendimientos de sus alumnos.
Asimismo, hay que romper el monopolio estatal de la oferta e introducir bonos escolares que permitan a los más pobres elegir. Si el sistema público es incapaz de ofrecer calidad, el Estado debe financiar la demanda, permitiendo que las familias de estratos bajos elijan libremente si quieren matricular a sus hijos en colegios privados. El subsidio debe seguir al estudiante, destruyendo la trampa de obligar a los más necesitados a asistir a la escuela oficial del barrio sin importar qué tan mala sea. Adicionalmente, urge una reforma curricular radical. El Ministerio de Educación debe limpiar los planes de estudio del sesgo ideológico impuesto por el activismo sindical y enfocar los esfuerzos en las competencias del siglo XXI. Urge una revolución pedagógica volcada hacia la enseñanza de las ciencias exactas, la comprensión lectora analítica y las matemáticas aplicadas. El sistema debe adaptarse a la era digital, instruyendo a los alumnos en herramientas como la inteligencia artificial, la programación y la ciberseguridad, evitando que la falta de conectividad profundice la exclusión rural.
Mantener el esquema actual, donde el sindicato dicta las reglas y los niños pierden el año antes de empezarlo, es agudizar la brecha social, condenar a los pobres a la pobreza y enterrar la competitividad de Colombia en la era de la inteligencia artificial.
*Senador
