La Corte Constitucional le ordenó al Ministerio de Educación Nacional diseñar e implementar un sistema unificado de información sobre la infraestructura de las instituciones educativas oficiales del país en un plazo no mayor a seis meses.
De acuerdo con la información, la Sala Plena de la Corte Constitucional tomó la decisión luego de encontrar deficiencias en la Institución Educativa Mercedes Ábrego, de Cartagena, cuyas condiciones de infraestructura fueron consideradas incompatibles con la garantía efectiva de los derechos fundamentales de los estudiantes.
Puntualmente, el alto tribunal señaló el deterioro de las instalaciones sanitarias, el abandono de los espacios de recreación y la existencia de un pozo con aguas estancadas, un riesgo estructural en el quiosco, la presencia de asbesto en la cubierta de la biblioteca y murciélagos en las aulas de informática.
Frente a esta situación, la Corte tomó decisiones puntuales frente a la institución y ordenó medidas urgentes para reducir los riesgos, entre ellas restringir temporalmente el acceso al quiosco y a la biblioteca, atender la presencia de murciélagos, cubrir provisionalmente el pozo de aguas residuales y garantizar baterías sanitarias funcionales.
Además, la Secretaría de Educación de Cartagena y el colegio deberán elaborar, con apoyo técnico del Ministerio de Educación, un plan integral de intervención. El diagnóstico deberá estar listo en 90 días y la ejecución de las obras no podrá superar los 18 meses, salvo que se solicite y justifique previamente una ampliación ante el juez de primera instancia.
Sin embargo, al estudiar el caso a fondo la Corte determinó que el Estado no dispone actualmente de una herramienta que permita al Ministerio de Educación conocer y hacer seguimiento al estado de la infraestructura escolar a nivel nacional, por lo que es posible encontrar muchas otras instituciones con el mismo tipo de problemas.
En ese sentido, ordenó al Ministerio de Educación, en coordinación con las entidades territoriales y los rectores de las instituciones oficiales, adoptar en un plazo de seis meses una metodología unificada para levantar y actualizar información sobre las condiciones físicas, funcionales, estructurales y de accesibilidad de los colegios oficiales.
La información deberá incluir, entre otros aspectos, una estimación de los costos necesarios para superar las deficiencias, las fuentes de financiación disponibles y sus posibles insuficiencias, las dificultades para hacer seguimiento a los recursos destinados a infraestructura, los cambios normativos que puedan requerirse y las alternativas de política pública para garantizar condiciones de accesibilidad y calidad.
Una vez concluida la primera fase, el Ministerio tendrá tres meses adicionales para diseñar el sistema de información unificado y actualizado. Es decir, el diseño deberá estar listo, como máximo, en nueve meses.
La herramienta deberá permitir identificar posibles causas del deterioro, hacer seguimiento al estado de los espacios educativos y establecer las vías para atender las deficiencias.
Posteriormente, el Ministerio deberá establecer mecanismos permanentes de coordinación con las entidades territoriales para identificar los colegios que requieran atención prioritaria, clasificar las deficiencias según su gravedad y urgencia y determinar las fuentes de financiación disponibles.
La Corte también ordenó actualizar la política pública de infraestructura escolar y contemplar, entre otras medidas, un plan de sismorresistencia para las instituciones oficiales y acciones para sustituir de manera definitiva los techos y demás elementos que contengan asbesto.
Además, el Ministerio deberá promover, con acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, un espacio de participación nacional para conocer las necesidades y expectativas de los estudiantes en materia de infraestructura.
La Corte también exhortó al Congreso para que, a partir de los insumos técnicos que produzca el Ministerio, evalúe las necesidades de infraestructura y adopte las medidas legislativas necesarias para garantizar la construcción, adecuación y mantenimiento de los establecimientos educativos oficiales.
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