El cierre de la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) del Valle del Guamuez (Putumayo), previsto para el próximo 30 de septiembre, quedó suspendido provisionalmente por orden de un juez de Puerto Asís, mientras se resuelve de fondo la tutela presentada por personas que permanecen en la zona.
En concreto, el juez encontró que no está acreditado que se hayan consolidado todos los componentes del denominado «Plan Interinstitucional de Cierre y Transición», y tampoco que las entidades hayan definido individualmente qué ocurriría con las personas reconocidas como desmovilizadas y acreditadas que permanecen en la zona.
En razón a estos hechos ordenó a la Oficina del Consejero Comisionado de Paz entregar una copia de ese plan, junto con otros documentos que permitan establecer qué estaba previsto para la salida de las personas de la ZUT.
También fueron requeridos documentos a la Presidencia de la República y a la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), entre ellos los actos administrativos que crearon la zona, aceptaron el listado de las personas concentradas allí y ordenaron su cierre.
El despacho pidió además los acuerdos suscritos entre el Gobierno y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), así como información sobre las personas que actualmente permanecen en la ZUT.
Para ello, estableció que entidades vinculadas al proceso tendrán dos días después de recibir la comunicación del juzgado para presentar sus respuestas y entregar los documentos que consideren pertinentes para su defensa.
Mientras todo lo anterior se resuelve, las personas que permanecen en la ZUT continuarán bajo el esquema que existía antes de la orden de cierre, por lo que las entidades a su cargo deberán establecer condiciones para garantizar los derechos de quienes permanecen en el lugar, incluidos seguridad, salud, alimentación y demás condiciones necesarias para continuar su proceso de reincorporación.
El juez concluyó que cualquier salida o traslado de la zona se realizará únicamente cuando exista un plan de tránsito y protección que garantice sus derechos y su continuidad en las rutas de reincorporación.
Por ahora, la incertidumbre sobre lo que ocurrirá con quienes permanecen en la zona ya llevó a 62 de los 99 excombatientes que ingresaron inicialmente a la ZUT a enviar una propuesta de asilo político a Venezuela, Cuba y Noruega, países garantes del proceso.
Sostienen que dejaron las armas bajo unas condiciones acordadas con el Estado y rechazan ser trasladados ahora a un esquema de sometimiento individual a la justicia, por lo que aseguran, buscarán por la vía jurídica que se respete el proceso en el que participaron, para evitar regresar a las armas.
El cierre de esta ZUT se produjo después de que el Gobierno de Abelardo de la Espriella terminara la Mesa de Diálogos de Paz con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, al argumentar una ausencia de voluntad de paz y de reinserción a la vida civil por parte de la organización.
Posteriormente, el 9 de septiembre, la Presidencia expidió la Resolución 389, con la que ordenó terminar a partir del 30 de septiembre la Zona para la Capacitación Integral y Ubicación Temporal del Valle del Guamuez.
Además, estableció que las entidades del Gobierno debían adelantar las actuaciones administrativas, sociales, migratorias, jurídicas, logísticas y de seguridad necesarias para el cierre y para garantizar la continuidad de las rutas institucionales de las personas acreditadas.
La ARN había señalado, de hecho, que el cierre físico de la ZUT no interrumpiría la atención de las personas en proceso de reintegración, por lo que aseguró que esta podría continuar a través de sus 19 grupos territoriales.
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