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Participando en labores de recuperación de cuerpos de personas no identificadas, los integrantes del último secretariado de las FARC comenzaron ya a cumplir la sentencia que se les impuso por haber cometido más de 21.000 secuestros.
Rodrigo Londoño Echeverry, el último comandante que tuvo esa organización ilegal, así como Jaime Alberto Parra, Milton de Jesús Toncel, Pablo Catatumbo, Pastor Alape, Julián Gallo Cubillos y Rodrigo Granda realizaron este jueves actividades relacionadas con la búsqueda de desaparecidos en el cementerio San Antonio de Padua de Pitalito, en Huila.
Posteriormente, participarán en acciones de construcción de memoria con víctimas en Bogotá.
En la intervención forense que se realiza en Pitalito también participan máximos responsables de la Fuerza Pública condenados por asesinatos y desapariciones forzadas.
Estas sanciones son cumplidas bajo restricciones de derechos y libertades, entre ellas las relacionadas con la movilidad, la residencia y el trabajo.
Además, deben cumplir horarios estrictos, permanecer en los lugares determinados. Todos portan un dispositivo electrónico para el monitoreo remoto en tiempo real.
Los siete antiguos miembros del secretariado de las FARC fueron encontrados responsables por haber crímenes de lesa humanidad, por el mando que ejercían sobre la estructura armada y por no haber evitado que se cometieran torturas, tratos crueles, atentados contra la dignidad personal, violencia sexual y desplazamiento forzado, entre otros.
La condena contra los siete exintegrantes del Secretariado de las Farc-EP se cumplirá en siete fases que se extenderán por casi ocho años, desde septiembre de 2026 hasta marzo de 2034, en distintas regiones del país: el noroccidente de Bogotá, el oriente de Antioquia, el oriente de Caquetá, el Meta, Bolívar y Cesar, el suroccidente de Huila, Putumayo y Nariño, el nororiente de Santander, el centro y suroriente de Casanare, Vaupés y Sumapaz.
Entre las actividades en las que participarán como parte de su sanción están labores de desminado humanitario, construcción de infraestructura rural y urbana, protección del medio ambiente, memoria histórica, búsqueda de personas desaparecidas y proyectos de vida económicos a favor de las víctimas.
Durante todo el cumplimiento de la pena, los comparecientes portarán un dispositivo electrónico y habrá una verificación constante del trabajo que están realizando.
BOGOTÁ (Colprensa).-
