Luego de que las comisiones económicas del Congreso aprobaran en la noche de este miércoles un recorte de $170 mil millones en el presupuesto de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para el 2027, la oficina en Colombia del alto comisionado de derechos humanos de las Naciones Unidas salió en respaldo de esa jurisdicción.
La entidad destacó el inicio del cumplimiento de las sanciones impuestas a siete exmiembros del secretariado de las FARC en el cementerio San Antonio de Padua, en Pitalito (Huila) y aseguró que esa es una muestra de «la capacidad de la JEP para cumplir su mandato, establecer los patrones de los graves crímenes e imponer sanciones a los máximos responsables».
Sin embargo, recordó que esta es una etapa importante para el funcionamiento de la organización, por lo cual «es fundamental garantizar las condiciones de funcionamiento de la jurisdicción especial para la paz para que pueda cumplir con sus objetivos de lucha contra la impunidad de los graves crímenes ocurridos en el conflicto».
Este miércoles, las comisiones económicas conjuntas de Senado y Cámara aprobaron una reducción de $170 mil millones en los recursos del Sistema Integral de Verdad Justicia Reparación y No Repetición del que hace parte la JEP, de los cuales $30 mil millones corresponden a funcionamiento y $140 mil millones a inversión.
El senador Enrique Gómez Martínez, miembro del partido del presidente, Abelardo de la Espriella, presentó además un proyecto de ley que busca anticipar para 2028 el fin de la entidad, que tiene un mandato previsto hasta 2033.
Magistrados de la JEP han manifestado que el recorte presupuestal que se pretende hacer el próximo año al presupuesto de la entidad pone en riesgo las investigaciones que adelanta, el acompañamiento que se hace a las víctimas y el seguimiento al cumplimiento de las sanciones.
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