En medio de la moción de censura en su contra por el bombardeo en Guaviare, en el que murieron algunos menores reclutados, el ministro de Defensa, general (r) Jorge Mora, presentó ante la Cámara de Representantes un balance de los primeros 45 días del Gobierno de Abelardo De la Espriella y defendió las operaciones militares realizadas contra estructuras armadas ilegales.
El funcionario lamentó que desde diferentes sectores cuestionen a las Fuerzas Armadas por ejecutar el mandato constitucional: «durante este periodo han sido afectados 28 cabecillas de diferentes organizaciones, recuperados 43 menores de edad en medio de operaciones, rescatadas 25 personas secuestradas, incautadas 95 toneladas de cocaína y realizadas más de 23.000 capturas”, explicó.
El ministro también se refirió al escenario de confrontación entre las estructuras de alias ‘Mordisco’ y alias ‘Calarcá’, al asegurar que los enfrentamientos entre estos grupos han dejado 48 muertos en el departamento del Guaviare, entre ellos 11 menores de edad.
Frente al ataque aéreo realizado contra una estructura de las disidencias en Guaviare, insistió en que la operación debe ser denominada “ataque aéreo estratégico” y no simplemente bombardeo. Explicó que se trata de una acción que, por su nivel de decisión, es autorizada por la máxima instancia estratégica y que, antes de ejecutarse, se revisa la información de inteligencia disponible.
Sostuvo que las Fuerzas Militares actuaron con base en información de inteligencia que identificaba una amenaza y que, según la versión oficial, la estructura de alias ‘Calarcá’ tenía antecedentes de ataques contra la Fuerza Pública. Además, afirmó que esa organización habría dejado tres uniformados asesinados, 21 heridos y cinco secuestrados, razones suficientes para actuar con contundencia.
Sobre la presencia de menores de edad en los campamentos, el jefe de la cartera de Defensa sostuvo que el Derecho Internacional Humanitario establece las condiciones bajo las cuales una persona puede ser considerada participante directo o integrante con función continua de combate. En ese sentido, afirmó: “Nosotros no estamos violando ni la ley ni la Constitución ni mucho menos el DIH”. También señaló: “El DIH nos permite atacar a alguien que esté en función continua de combate independiente de la edad”, una afirmación que corresponde a la interpretación jurídica expuesta por el ministro durante el debate.
“La acción de la fuerza pública nunca está orientada contra un menor de edad. Está orientada hacia un informe de inteligencia que establece que hay combatientes en función continua de combate”, indicó.
Finalmente, hizo mención de las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo y sostuvo que existen más de 368 en el país, pero que, según la información presentada por el Gobierno, no cuentan con coordenadas suficientemente precisas para impedir por sí solas la realización de operaciones militares. Mora afirmó que estas alertas son analizadas dentro de la planeación operacional, pero que no constituyen, por sí mismas, un impedimento automático para ejecutar una acción militar.
Contexto del ataque y los menores
La controversia se originó después de la Operación Amón, ejecutada el 27 de agosto de 2026 en zona rural de El Retorno, Guaviare, contra una estructura del Bloque Jorge Suárez Briceño, asociada a alias ‘Calarcá’. De acuerdo con la información oficial reportada posteriormente, el operativo dejó diez personas muertas, una capturada y un menor recuperado con vida. Medicina Legal estableció que entre los fallecidos había tres menores de edad, de 15, 15 y 16 años.
Este caso se sumó al debate por otro bombardeo realizado en agosto contra una estructura del ELN en Catatumbo, en el que murió otro menor de edad. Así, los cuestionamientos en el Congreso se concentraron en la utilización de ataques aéreos contra estructuras armadas cuando existe la posibilidad de presencia de niños, niñas y adolescentes.
El Gobierno, por su parte, ha defendido que las operaciones fueron planeadas bajo las reglas del DIH y que los menores reclutados por grupos armados no pierden automáticamente la condición de personas protegidas, sino que la situación concreta y su participación en las hostilidades deben ser analizadas.
Cuatro preguntas clave de la noticia
¿Cuáles fueron los resultados presentados por el Ministerio de Defensa en 45 días?
28 cabecillas afectados, 43 menores recuperados, 25 personas secuestradas rescatadas, 95 toneladas de cocaína incautadas y más de 23.000 capturas.
¿Qué ocurrió en el ataque de Guaviare?
La Operación Amón se realizó el 27 de agosto contra una estructura asociada a alias ‘Calarcá’. El balance oficial reportó diez muertos, una captura y un menor recuperado con vida.
¿Cuántos menores murieron en esa operación?
Medicina Legal estableció que tres de los fallecidos eran menores de edad: dos adolescentes de 15 años y uno de 16.
¿Cuál es el argumento del Gobierno sobre el uso de la fuerza contra menores vinculados a grupos armados?
El ministro sostiene que la operación no se dirige contra una persona por ser menor de edad, sino contra una amenaza militar identificada, y que el DIH permite atacar a quienes tienen una función continua de combate, según las circunstancias aplicables al conflicto armado. Esta es la interpretación expuesta por el Ministerio de Defensa y no equivale, por sí sola, a una determinación judicial sobre la legalidad de una operación específica.
/la fm
