Mientras que la reducción del presupuesto de funcionamiento de la Justicia Especial de Paz (JEP) es casi un hecho como lo ratificarán las comisiones económicas con la aprobación del Presupuesto General de la Nación, este miércoles Salvación Nacional, el partido del presidente Abelardo de la Espriella, radicó un acto legislativo en el Congreso con el cual busca anticipar el fin de ese tribunal para el año 2028.
El mismo fue radicado por los senadores Enrique Gómez y Germán Rodríguez, además de la representante a la Cámara, Carol Borda, el cual propone un artículo transitorio con el cual se indique que la JEP sólo funcionará hasta marzo de 2028 y no tendrá posibilidad de una ampliación.
El senador Gómez, al respecto destacó de acabar su vigencia antes, el Estado se podrá economizar cerca de $1 billón, dinero que es fundamental en este momento de crisis fiscal por la que pasa el país, “esta es una solución que le puede llegar a ahorrar al año al país cerca de $900.000 millones que hemos propuesto, en concierto con la rama judicial, entren a aliviar graves rezagos presupuestales que tiene la rama judicial ordinaria en todas sus especialidades”.
Gómez recordó que “esto plantea una modificación sustancial, ya que en el acto legislativo que creó la jurisdicción se estableció un plazo de máximo 15 años, prorrogables por otros cinco a petición de los magistrados y con previa aprobación de una ley ordinaria en el Congreso, para un total de 20 años”.
Indicó además que “se mantienen jueces de la República más baratos de operar y le puedo garantizar que trabajan muchísimo más, jueces que de verdad fallen, porque en ocho años llevan cuatro fallos. Uno de los problemas de fondo es que quienes están sometidos a la JEP no le resuelven nunca su situación jurídica y no pueden seguir adelante con su vida”.
En el texto del proyecto se plantea también que todos los procesos que tiene la JEP andando, “deben pasar a manos de la justicia ordinaria, posiblemente de los tribunales de Justicia y Paz, para que en los cinco años siguientes al 2028, puedan adelantar toda la etapa de juzgamiento”.
Los congresistas gobiernistas además plantean en la reforma que las decisiones adoptadas por la JEP se deben respetar y acatar, tal y como quedó establecido desde un principio, con lo cual ninguno de los desmovilizados perdería los beneficios adquiridos en esa jurisdicción, pese a la terminación de funciones de la misma.
Finalmente indicó que la “tesis que esto está en un macro bloque de constitucionalidad, sometido al derecho internacional público, eso es carreta, eso es un pedazo de la Constitución y algo que salió mal y que necesita ser corregido dándole todas las garantías a la continuidad del sistema de justicia transicional”.
Esta reforma propuesta por el abelardismo para que sea una realidad deberá ser votada en ocho debates, cuatro debates en el Senado y cuatro en la Cámara, y tiene como plazo máximo para cumplir todo su trámite en junio de 2027.
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