El Gobierno reveló nuevos detalles de la ley de sometimiento que llevará al Congreso, entre ellos los porcentajes de rebaja de pena, los aportes adicionales que deberán hacer quienes quieran acogerse y el papel que tendrán las víctimas dentro del proceso.
De acuerdo con la información entregada por el ministro de Justicia, Iván Cancino, el acceso a los beneficios estará condicionado a los aportes que haga cada integrante de las estructuras criminales, por lo que la ley exigirá contribuciones en materia de verdad, justicia y reparación, además de una ruta de desmovilización y desarme con resultados.
El mecanismo también contemplará que dichas estructuras entreguen elementos relacionados con cultivos ilícitos, personas desaparecidas y secuestradas y las actividades de las organizaciones.
A estos requisitos se sumarán que quienes busquen acogerse tendrán que aportar información sobre la corrupción en la que hayan participado y sobre los vínculos políticos de las estructuras.
“Si no hay aporte a la corrupción que haya generado o a vínculos con políticos, pues también tendrá difícil someterse a la ley u obtener los propios beneficios que tiene ella”, explicó.
El jefe de la cartera de Justicia explicó, además, que ni las condiciones, ni los integrantes de las organizaciones tendrán ningún “estatus político”, por lo que quienes pretendan someterse deberán hacerlo mediante un abogado, que será el único “interlocutor” en cada uno de los procesos.
“El mensaje es ese: es un tema jurídico, no político”, puntualizó Cancino.
Luego de acogerse al proceso, la ley entrará a definir la rebaja de pena si es que aplica, y el porcentaje al que podrán acceder cada uno de los miembros de las estructuras criminales, diferenciando que para quienes tengan funciones de mando será del 30%, mientras que para los demás integrantes llegará al 50%.
Cancino también confirmó que la eventual entrada en vigor de la ley no abrirá la puerta para que las personas que ya estén capturadas puedan acogerse al mecanismo.
“Siguen. No hay absolutamente ninguna suspensión de órdenes de captura ni extradiciones. Eso no juega”, afirmó.
El Ministro agregó que las víctimas tendrán un papel determinante, ya que, “serán el eje del mecanismo” y podrán participar en decisiones de fondo relacionadas con beneficios y libertades condicionales.
En paralelo, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, planteó que el modelo de sometimiento se distanciará por completo del modelo de «Paz Total» y aseguró que no habrá gestores de paz ni mesas de diálogo y tampoco se suspenderán las órdenes de captura.
“Aquí no habrá gestores de paz, aquí no habrá mesas lánguidas y complacientes de diálogo que lo único que aportaban era el fortalecimiento de esos grupos criminales. Aquí no habrá suspensiones de órdenes de captura”, afirmó.
Lara también entregó nuevos detalles del Estatuto Antiterrorista que prepara el Gobierno y explicó que el texto ya está elaborado y actualmente se encuentra en revisión del Presidente de la República.
La propuesta contempla un sistema de listas para identificar y catalogar como terroristas a determinadas organizaciones, y según lo esperado, una vez incluidas en esas listas, se aplicarían medidas penales y penitenciarias y disposiciones dirigidas contra las finanzas de esos grupos, tal cual como se maneja en sistemas de listas utilizados en Estados Unidos, Europa y Naciones Unidas.
El Ministro señaló que el mecanismo permitirá establecer quiénes están al mando de las organizaciones, dónde operan y cuáles son las rutas del narcotráfico que utilizan.
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