El Gobierno anunció que reducirá de 30 a 15 días el tiempo que se está tardando desactivar las líneas telefónicas que son identificadas como utilizadas para extorsionar desde las cárceles, con la intención de llevar después ese tiempo a ocho días.
El ministro de Justicia, Iván Cancino, señaló que la meta es llevar a cero las llamadas extorsivas originadas desde los establecimientos penitenciarios, que, según cifras preliminares, representan actualmente el 17% del total de llamadas de este tipo.
Según explicó Cancino en la sesión de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes en la que se discutió el tema, el protocolo que existe actualmente para el bloqueo de líneas y equipos que son identificados dentro de comunicaciones ilegales en los centros penitenciarios, no se está cumpliendo.
Dicho procedimiento se hace a partir de los reportes mensuales sobre denuncias por extorsión que el GAULA remite a los operadores de telefonía, quienes identifican qué números, IMEI e IMSI están relacionados con comunicaciones que salen de las cárceles y cruzan esa información con el INPEC y el Ministerio de Justicia, para que ellos soliciten formalmente el bloqueo en un plazo de cinco días hábiles.
Según el ministro, ese ciclo de 30 días entre el reporte y el bloqueo, al que llamó “vida útil” de las líneas, es el que debe reducirse a 15 días y eventualmente a tan solo ocho días.
De acuerdo con las cifras presentadas por las entidades, entre enero y agosto de este año, el GAULA y el INPEC recibieron 24.675 denuncias de extorsión y reportaron 3.266 bloqueos de líneas o terminales asociados con cárceles, es decir, por cada 100 denuncias, solo se hicieron efectivos 13 bloqueos.
En ese sentido, Cancino dio instrucciones al INPEC para que las líneas que sean reportadas sean bloqueadas y planteó que la medida debe aplicarse tanto a líneas prepago como pospago.
El control, según el ministro, también se extenderá a las cuentas, pasarelas y otros mecanismos de pago utilizados para recibir el dinero de las extorsiones, por lo que planteó que los tiempos de respuesta sean similares a los que se usarán para las líneas telefónicas.
A estas medidas se suma el control sobre los inhibidores de señal instalados en las cárceles que, según Cancino, se han identificado casos en los que estos equipos son apagados o manipulados por los mismos funcionarios del INPEC.
Frente a este hecho, el director general del INPEC, coronel Daniel Fernando Gutiérrez, reconoció que el ingreso de celulares a los establecimientos penitenciarios es uno de los principales problemas de corrupción que enfrenta la institución, y señaló que tan solo en 2025 fueron incautados alrededor de 47.000 teléfonos celulares dentro de las cárceles.
Gutiérrez señaló además que, durante los últimos cuatro años, 209 funcionarios del sistema penitenciario fueron capturados, de los cuales 119 fueron detenidos en flagrancia.
El director del INPEC explicó que actualmente se trabaja en una iniciativa legislativa para que el ingreso de teléfonos celulares a los establecimientos penitenciarios pueda constituir un delito y no se quede solo como un tema de control disciplinario.
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