La Fundación Ideas para la Paz (FIP) presentó una radiografía de las capacidades militares de Colombia y advirtió que apenas el 46% de la capacidad militar está disponible para realizar operaciones, mientras aumentan las acciones de los grupos armados, su presencia territorial y el uso de nuevas tecnologías.
Según el análisis, ‘Recuperar la ventaja’, elaborado por el área de Conflicto y Seguridad de la FIP, la principal dificultad que enfrentan las Fuerzas Militares está en la disponibilidad del inventario militar que, en algunos casos, solo alcanza el 50% de empleabilidad.
Por ejemplo, el informe señala que, por lo menos, el 55,5% del inventario aéreo se encuentra fuera de servicio, mientras que las capacidades navales y fluviales llegan al 48,1%. Para las capacidades terrestres, el informe identificó brechas presupuestales de sostenimiento de 96% en artillería, 93% en transportes y 78% en caballería.
Lo anterior, en un contexto muy complejo de seguridad, en el que tan solo para el periodo 2024-2025 los ataques contra la Fuerza Pública aumentaron 62% y las acciones contra infraestructura y bienes civiles crecieron 59%. Además, según señala el informe, las zonas de confrontación identificadas por la FIP pasaron de siete en 2022 a 14 en 2025, con escenarios activos en regiones como Catatumbo, Arauca, el norte de Antioquia, Cauca, Meta, Guaviare y la frontera amazónica.
Además, de acuerdo con los datos utilizados por la FIP, el número estimado de integrantes de los principales grupos pasó de 21.958 en 2024 a 27.121 en diciembre de 2025, mientras que su influencia territorial aumentó de 562 a 627 municipios.
A ese escenario de crecimiento que plantea la FIP, hay que añadirle las capacidades tecnológicas que ahora hacen parte del paisaje de la violencia, pues según cifras de la Fundación, las acciones con drones contra la Fuerza Pública pasaron de 119 en 2024 a 277 en 2025, es decir, un incremento del 132% en incorporación y modernización de tecnologías comerciales para las que se ha quedado rezagada la respuesta de las Fuerzas Militares.
Para esa poca capacidad de respuesta militar, la FIP encontró que, por lo menos para 2025, el 76,2% del presupuesto del sector Defensa estuvo destinado a costos de personal activo y retirado, mientras que la participación del sector en el Presupuesto General de la Nación pasó de 22,4% en 2003 a 14,7% en 2025.
La FIP señala además que, entre 2015 y 2025, los costos estimados de operación crecieron tres veces más rápido que los recursos disponibles para cubrirlos, lo que redujo la capacidad para financiar combustible, repuestos y mantenimiento.
El informe plantea que en lugar de concentrar el esfuerzo únicamente en adquirir nuevos equipos, se debería recuperar la disponibilidad operacional de aquellos que todavía son pertinentes para las necesidades actuales y que se encuentran dentro del inventario fuera de servicio.
Después, plantea renovar capacidades cuya pérdida tendría un alto costo estratégico y mantener actualizados sistemas relacionados con vigilancia, reconocimiento, comunicaciones, mando y control, guerra electrónica, ciberdefensa, datos, interoperabilidad e inteligencia artificial.
Todo lo anterior debe respaldarse, obligatoriamente, con capacidades humanas, no solo en entrenamiento, sino también en número, ya que, el informe identificó que las incorporaciones militares que entre 2002 y 2010 representaron un aumento del 47%, son las mismas que empezaron a retirarse en el 2022 y que se seguirán retirando hasta 2035. Es decir, nuestras Fuerzas Militares inevitablemente están envejeciendo.
La FIP advierte además sobre la salida de personal especializado en un momento en que las Fuerzas Militares requieren nuevos perfiles para operar y desarrollar capacidades relacionadas con ciberseguridad, análisis de datos, sistemas no tripulados, software y guerra electrónica.
El documento plantea que las decisiones de personal deben considerar no solo las necesidades actuales, sino también los costos y conocimientos que deberán sostenerse durante las próximas décadas.
De acuerdo con el informe, la administración saliente del Ministerio de Defensa había estimado un rezago superior a $100 billones para recuperar capacidades militares, sin embargo, más allá de las restricciones fiscales, la FIP advierte que hubo una ausencia evidente de planeación para definir qué capacidades deben mantenerse, renovarse o transformarse y cuánto cuesta sostenerlas en el tiempo.
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