La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó a cinco antiguos comandantes de las Farc-EP por crímenes de guerra y de lesa humanidad relacionados con violencia sexual y otras violencias basadas en género cometidas en el norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca.
La decisión adoptada por la Sala de Reconocimiento de Verdad atribuyó responsabilidad a los cinco comparecientes conocidos como ‘Calixto’, ‘Ricardo’, ‘Jaime Barragán’, ‘Monín’ y ‘Leonel Páez’, quienes estuvieron al mando del Frente Sexto y de las columnas móviles Jacobo Arenas y Gabriel Galvis.
La Sala determinó que las violencias sexuales y basadas en género documentadas durante la investigación hicieron parte de un patrón de macrocriminalidad y estuvieron relacionadas con la disputa por el control territorial y social de la región.
La investigación permitió documentar 68 hechos cometidos contra 35 víctimas, 30 de ellas civiles y cinco integrantes de las antiguas Farc. Los hechos se concentraron principalmente en municipios como Florida, Miranda, Corinto, Toribío, Jambaló, Caldono y Santander de Quilichao.
De acuerdo con la decisión, dentro de las filas de la guerrilla se documentaron casos de anticoncepción y abortos forzados, así como violencia sexual contra mujeres y niñas reclutadas.
La investigación estableció que desde la Octava Conferencia, realizada en 1993, existió una política de anticoncepción forzada que restringió el embarazo y la maternidad de las mujeres y niñas reclutadas. En los casos en que se presentaban embarazos, algunas fueron sometidas a abortos forzados y a sanciones dentro de las estructuras guerrilleras.
Además, estableció violaciones y otras formas de violencia sexual dirigidas en específico a la población civil, cometidas en viviendas, fincas y caminos, además de agresiones utilizadas como castigo contra mujeres que se negaban a cumplir determinadas órdenes, ingresar a la organización o permitir el reclutamiento de familiares.
Asimismo, documentó hechos contra personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas, que incluyeron intimidaciones, hostigamientos, amenazas, desplazamiento forzado y violencia sexual.
Por estos hechos, los cinco comparecientes fueron llamados a reconocer responsabilidad por los delitos de lesa humanidad de violación, otras formas de violencia sexual de gravedad comparable y persecución por motivos de género, además de crímenes de guerra de violación, tortura y ultrajes contra la dignidad personal.
Ahora los cinco comparecientes tendrán 30 días hábiles para manifestar si reconocen o no su responsabilidad y responder a los requerimientos de las víctimas.
Si aceptan los hechos, el proceso continuará por la vía restaurativa, hacia una eventual sanción propia. Si no reconocen responsabilidad, el caso podrá pasar a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) y continuar por la ruta de ausencia de reconocimiento, que contempla un juicio adversarial.
