El interminable capítulo del caso en contra de los exministros Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla por el denominado escándalo de la UNGRD, se alargará por lo menos otras tres semanas, luego de que la Sala Especial de Primera Instancia ordenara a la Fiscalía resolver las dificultades advertidas por la defensa, en torno al acceso a archivos digitales que no han podido ser abiertos, y que hacen parte del material probatorio del ente investigador.
En medio de la lectura de las pruebas que serán tenidas en cuenta durante el juicio oral de los exministros, la Fiscalía y la defensa tuvieron un acalorado desencuentro sobre la forma en que fueron entregados miles de elementos materiales probatorios y evidencias digitales.
De acuerdo con la defensa, hay varios archivos que aparecen dentro de los dispositivos entregados, pero que están protegidos con contraseña, dañados, vacíos o no pueden ser abiertos por razones técnicas, a lo que argumentó que la entrega de esos archivos en condiciones que impiden conocer su contenido no garantiza un “descubrimiento probatorio efectivo”, por lo que no se podía constituir una igualdad de condiciones en el proceso.
La Fiscalía rechazó que se tratara de un acto deliberado que buscara ocultar información y explicó que el material fue entregado en las mismas condiciones en que fue recibido y que algunos archivos fueron incluidos precisamente para informar a la defensa “de manera transparente” de su existencia.
Según la explicación presentada durante la audiencia, el ente acusador tampoco ha podido acceder al contenido de determinados documentos porque no cuenta con las claves y, en algunos casos, porque los archivos llegaron sin información utilizable.
La Fiscalía señaló además que realizó verificaciones técnicas con personal especializado para revisar los archivos cuestionados, y encontró, entre otros casos, archivos temporales, documentos sin contenido, archivos de configuración y páginas HTML que perdieron las condiciones necesarias para ser visualizadas correctamente después de la copia.
El ente investigador añadió que precisamente esa imposibilidad de visualizar los archivos había llevado a desestimarlos dentro de la construcción de la acusación contra los exministros y que tampoco serán utilizados como elementos de prueba en el juicio.
Por esa razón, sostuvo que no existe riesgo de que la defensa sea sorprendida durante el debate oral con información que no haya conocido previamente.
La defensa, sin embargo, cuestionó esa posición, al señalar que la Fiscalía no puede determinar de antemano que un archivo carece de utilidad para la defensa cuando su contenido no ha podido ser conocido y pidió que se garantice un acceso real a la información antes de avanzar con las solicitudes probatorias.
La defensa explicó, además, que sus investigadores han dedicado meses a revisar la información y que, debido a su magnitud, todavía no ha podido completar el análisis.
La Fiscalía respondió que puso a disposición de las defensas la totalidad de los elementos que tiene y que no le corresponde “filtrar previamente” la información obtenida durante las diligencias de investigación para hacerla mas digerible o fácil de evacuar.
Ante las posiciones enfrentadas, y luego de tres horas de disputa entre las partes, el magistrado Jorge Emilio Caldas Vera optó por ordenar que las partes trabajen durante las próximas tres semanas para identificar y solucionar las falencias pendientes para tener claridad sobre qué elementos fueron efectivamente descubiertos, y cuáles permanecen definitivamente inaccesibles.
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