El Gobierno de Abelardo De la Espriella prepara un proyecto de ley de sometimiento para establecer las condiciones bajo las cuales las organizaciones armadas que quieran abandonar las armas podrán acogerse a la justicia.
Aunque desde el momento del anuncio, el ministro de Justicia, Iván Cancino, argumentó que no querían “anticipar conceptos”, lo expuesto por él y por los ministros del Interior, Rodrigo Lara, y de Relaciones Exteriores, Omar Bula, durante la sesión de la Comisión Legal de Paz y Postconflicto, permite crear un primer mapa de lo que será la propuesta.
En principio, Cancino explicó que la propuesta contempla un acogimiento voluntario al Estado de derecho, “bajo condiciones fijadas por la Constitución y la ley”. Esto significa que las organizaciones que decidan desmovilizarse tendrán que aceptar previamente las reglas establecidas por el Congreso y responder ante la justicia por los delitos cometidos.
En ese sentido, la propuesta abandera un distanciamiento, por lo menos parcial, de la idea general de la Política de ‘Paz Total’, planteada por el Gobierno Petro, ya que, el mismo Cancino sostuvo que “el Estado no debe negociar el cumplimiento de la ley”, aunque la nueva propuesta sigue fiel al planteamiento de que “las víctimas tienen derecho a ser reparadas y a que las sanciones se cumplan”.
El factor diferencial en esta propuesta que, según el ministro, estará lista dentro de dos semanas, es que el sometimiento de las estructuras armadas no estará condicionado al reconocimiento político y, por ende, participación política de dichos actores.
Por el contrario, se basará en un “régimen normativo especial”, en el que es de esperarse, sean fijadas las condiciones que deberán cumplir las organizaciones, el tratamiento que recibirán quienes se sometan y las obligaciones que asumirán frente a la justicia.
Ese escenario ya viene construyéndose desde la propuesta de campaña presidencial, y se ha materializado con el cierre de las mesas de diálogo, la figura de los gestores de paz o los diálogos socio-jurídicos y paz urbana, entre otros escenarios ampliamente cuestionados dentro de la política de ‘Paz Total’, que para la nueva administración no tienen cabida dentro de la política de sometimiento.
Asimismo, la propuesta plantea que quienes ya estén privados de la libertad, en principio, no podrán acogerse a este mecanismo y no habrá excarcelaciones como regla general.
La propuesta también estará acompañada de una política para atacar las fuentes de financiación de estas organizaciones, en la que el Gobierno concentrará esfuerzos contra actividades como la minería ilegal, los cultivos ilícitos, el lavado de activos y el contrabando.
Lara, por su parte, anunció que el Ejecutivo presentará además un “estatuto antiterrorista”, con disposiciones dirigidas a las organizaciones que decidan mantenerse en armas, a quienes colaboren con ellas y a sus rentas criminales, por lo que se plantea la creación de un régimen penitenciario especial para los cabecillas que no se sometan.
Aunque la propuesta es muy clara en cuanto al “sometimiento definido en la ley” sin negociaciones políticas de ningún tipo, el Gobierno aseguró que no desconocerá el Acuerdo de Paz firmado en 2016 con las Farc.
En este aspecto, el canciller Omar Bula fue enfático en que el cambio de Gobierno no elimina las obligaciones adquiridas por el Estado colombiano, y que, por el contrario, están conscientes de sus “obligaciones jurídicas e internacionales”, por lo que la nueva propuesta solo aplica para las organizaciones que todavía se levantan en armas.
Y mientras eso sucede, la Cancillería continuará trabajando en la implementación del Acuerdo de 2016, incluida la cooperación internacional relacionada con las víctimas, la reincorporación, la estabilización territorial y el fortalecimiento institucional.
En esa misma línea, Cancino aseguró que el Gobierno mantendrá sus obligaciones con la JEP, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y las víctimas, así como el cumplimiento de las decisiones judiciales.
Como parte de esa voluntad de cumplimiento con los procesos adelantados con el Acuerdo de Paz y con la política de ‘Paz Total’ de Petro, Cancino anunció que uno de los primeros casos que tendrá que resolver el nuevo modelo es el de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB).
La organización había avanzado durante el Gobierno anterior en un proceso de tránsito a la vida civil y, en junio, 99 de sus integrantes llegaron a una Zona de Ubicación Temporal en Valle del Guamuez, Putumayo, después de entregar sus armas, acompañados por un esquema de monitoreo y verificación.
Tras la decisión del actual Gobierno de cerrar ese espacio, varios de los desmovilizados optaron por permanecer allí y solicitaron garantías para continuar su tránsito a la vida civil, planteando que hacía falta un nuevo marco jurídico con reintegración, reparación a víctimas, búsqueda de desaparecidos, desminado y un tratamiento penal alternativo.
Cancino señaló ante el Congreso que este proceso sería una de las primeras experiencias que el nuevo Gobierno utilizaría para poner en práctica su política de sometimiento, para lo cual ya se habían iniciado contactos con la Fiscalía, la Defensoría y otras entidades.
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