Cerca del 40 % de las más de 900 notarías que hay en el país está en interinidad. La anterior administración hizo 26 de estos nombramientos al final del mandato, que en varios casos generaron polémica porque habría mediado el ‘amiguismo’ e intereses políticos
Desde distintos sectores le han pedido al Gobierno promover una nueva convocatoria.
Desde hace 12 años, por demandas y recursos, no se lleva a cabo el concurso de notarios en propiedad y de ingreso a la carrera notarial. Se está a la espera de si con el nuevo gobierno el Consejo Superior de la Carrera Notarial abre una nueva convocatoria, porque de las 920 notarías que hay, 350 se encuentran en interinidad.
El Consejo Superior de la Carrera Notarial está integrado por el ministro de Justicia (en este caso Iván Cancino) o el viceministro, quien lo preside. El presidente de la Corte Suprema de Justicia (en este momento el magistrado Iván Mauricio Lenis Gómez). Dos representantes del presidente de la República. El secretario Jurídico de la Presidencia de la República (actualmente el abogado Andrés Barreto). El director del Departamento Administrativo de la Función Pública (Leonardo Huerta). Y dos notarios, uno de ellos de primera categoría, con sus respectivos suplentes.
En el anterior gobierno el Consejo Superior de la Carrera Notarial convocó, por medio del Acuerdo 01 del 15 de agosto de 2025, el concurso de méritos público para el nombramiento de notarios en propiedad e ingreso a la carrera notarial. Sin embargo, en mayo pasado, el Consejo de Estado, atendiendo una demanda de nulidad, decretó la medida cautelar de suspensión provisional de este acto administrativo.
El Consejo de Estado consideró, de manera preliminar, que el citado Acuerdo habría sido expedido con desconocimiento de lo previsto en el numeral 8 del artículo 8 de la Ley 1437 de 2011, relacionado con el deber de información al público respecto de los proyectos específicos de regulación y la garantía de participación ciudadana en el proceso de formación de actos administrativos de carácter general.
Además de los problemas jurídicos que llevaron al Consejo de Estado a tomar esta medida cautelar, también la Contraloría General de la República alertó en mayo anterior sobre supuestas irregularidades en el proceso por un contrato (2189 de 2025) por $8.127 millones con la Universidad Libre para realizar las pruebas a los aspirantes, dentro del concurso de méritos.
La Contraloría General encontró fallas en la planeación, supervisión y ejecución del contrato, pues entre los hallazgos dijo que hubo retrasos en el cronograma, ajustes tecnológicos pendientes en la plataforma de inscripción.
El órgano de control puso de presente que las presuntas falencias habrían afectado la oportunidad para proveer las notarías vacantes en propiedad y debilitado la confianza en el concurso nacional.
La Universidad Libre solicitó en mayo pasado a la Superintendencia de Notariado terminar anticipadamente el contrato por el cual de su parte debe llevar a cabo las pruebas a los aspirantes a ser designados en propiedad en notarías.
“La ampliación del cronograma del proceso de selección, dispuesta por el Consejo Superior de la Carrera Notarial, introduce un escenario de ejecución que desborda de manera sustancial el marco de riesgos previsibles asumidos por el contratista, configurando una situación de excesiva onerosidad sobreviniente que rompe el equilibrio financiero del contrato y torna jurídicamente inadmisible la continuación de su ejecución en las condiciones inicialmente pactadas”, explicó la Universidad Libre en un documento.
Sin un operador en este momento que haga las pruebas a los aspirantes y con el acuerdo que expidió el anterior gobierno, suspendido mientras que el Consejo de Estado emite un fallo, el camino adecuado para algunos es que el Consejo Superior de la Carrera Notarial (en el que el gobierno tiene mayorías entre sus integrantes) abra una nueva convocatoria y resuelva de una vez por todas la interinidad que hay en más del 30 % de las notarías del país.
SUSPENDEN LAS DESIGNACIONES
La Superintendencia de Notariado y Registro dispuso a finales de agosto pasado la interrupción inmediata de todos los actos administrativos tendientes a la entrega de notarías a nivel nacional que ostentan designaciones de notarios en interinidad para el año 2026. Indicó que esta decisión es “en cumplimiento de instrucción expresa del presidente de la República, Abelardo de la Espriella”.
Agregó la entidad que “la medida responde a la necesidad de realizar una revisión integral de los procesos de provisión de cargos notariales con el propósito de asegurar que se cumplan estrictamente los principios de legalidad, transparencia, mérito y capacidad establecidos en la Constitución Política y la ley”.
Subrayó esta Superintendencia que inició una “auditoría forense respecto de los casos de entregas exprés de notarías y de todos los trámites que hayan sido adelantados durante los períodos bajo revisión”.
La medida aplica a 32 designaciones en interinidad que hizo el anterior gobierno al final del mandato en notarías de Bogotá, Cali, Barranquilla y Medellín, entre otras ciudades, y que levantaron ampolla en algunos, ya que señalaron que habrían respondido a ‘amiguismo’ e intereses políticos. También crearon una notaría en Rionegro, Antioquia.
Entre las designaciones están Karyme Cotes Martínez, exrepresentante a la Cámara por Sucre, en la Notaría Sexta de Medellín; en tanto que Óscar Alarcón había sido nombrado en la Notaría 23 de Cali. Él trabajó en la Unidad de Apoyo Normativo del concejal Sergio Zamora, del Pacto Histórico.
Asimismo, fue designada Paola Palmariny en la Notaría 78 de Bogotá, de quien se dice es cercana a Jaime Dussán, quien presidió Colpensiones en el anterior gobierno. De igual manera, el exsenador Inti Asprilla, cercano al entonces presidente Petro, fue designado en la Notaría Segunda de Soacha.
El anterior gobierno explicó que las designaciones obedecen a la necesidad de “garantizar la continuidad en la prestación del servicio público notarial y la fe pública”, ante las vacancias definitivas por renuncias o retiros por edad.
Un nuevo concurso
LA UNIDAD NOTARIAL
El presidente de la Unión Colegiada del Notariado Colombiano y notario Tercero de Bogotá, Héctor Adolfo Sintura Varela, dijo: “Aquí lo importante es que se dé cumplimiento a un mandato constitucional, y es que los notarios sean nombrados en propiedad. Para esto debe hacerse una escogencia mediante concurso público abierto de méritos”.
Añadió que, “en ese sentido, lo que ha expresado la Unión Colegiada es que se convoque a un nuevo concurso, en el cual se subsanen las preocupaciones que tenían tanto la Unión como los órganos de control. Es decir, que exista una publicidad adecuada en la convocatoria, que se den garantías del derecho de defensa y garantías a los aspirantes, y sea más transparente para efectos de garantizar el principio del mérito”.
En tanto que Álvaro Rojas, expresidente de la Unión Colegiada del Notariado Colombiano y expresidente de la Comisión de Asuntos Americanos de la Unión Internacional del Notariado, dijo a este Diario que “el concurso de notarios no es una decisión de gobierno, de particulares ni de gremio, es un imperativo constitucional. Para acceder al cargo en propiedad se requiere ser sometido a un concurso público, abierto y de méritos”.
Afirmó que un nuevo “concurso se tiene que dar y creo que lo van a iniciar en los próximos meses para retomar y arrancar de cero”. Rojas indicó: “Entiendo que al momento hay más de 300 plazas de todas las categorías, es decir, de primera de las capitales; segunda y tercera. Y pienso que habrá unas 400. Eso implica que hay una interinidad superior al 40 % en este momento”.
Enfatizó que “lo ideal es que se establezca una periodicidad de entre dos y tres años para no acumular tantos nombramientos en interinidad y darle transparencia a esto. La mejor forma de seleccionar a los mejores, a los más idóneos es únicamente el concurso”.
