Chirley Mildred Hernández Rojas, investigadora del CTI de la Fiscalía, es señalada de acabar con la vida de su esposo Aldemar Alfredo Avendaño Carrillo, oriundo de Ciénaga, Magdalena, funcionario del Tribunal Superior de Barranquilla.
La audiencia en la que se definiría la solicitud de medida de aseguramiento contra Chirley Mildred Hernández Rojas, funcionaria del CTI de la Fiscalía, quedó nuevamente en suspenso por cuenta de una acción de tutela presentada por su defensa.
La investigadora judicial es señalada de la muerte de su esposo, Aldemar Alfredo Avendaño Carrillo, oriundo de Ciénaga, Magdalena y funcionario del Tribunal Superior de Barranquilla, quien fue encontrado sin vida apartamento junto a una pistola calibre 9 milímetros y presentaba varios impactos de arma de fuego dentro de su apartamento, en el barrio Boston, el pasado 21 de marzo.
El juez Tercero Penal Municipal con funciones de Control de Garantías decidió detener la diligencia luego de que el abogado de la procesada solicitara un nuevo aplazamiento y pusiera en conocimiento del despacho la existencia de la tutela. Ante esta situación, el togado consideró necesario esperar el trámite de la acción constitucional antes de continuar con la audiencia.
La Fiscalía señala a la mujer como presunta autora material del crimen y busca que sea cobijada con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.
El caso inicialmente fue manejado bajo la hipótesis de un suicidio. Sin embargo, durante las audiencias preliminares la Fiscalía expuso elementos que, según su tesis, llevaron a cambiar el rumbo de la investigación y considerar que se trató de un homicidio.
Entre esos elementos plasmados en los dictámenes de Medicina Legal sobre las heridas y las trayectorias de los disparos. El fiscal 23 de Vida Seccional Barranquilla, Adolfo Niebles Torres, señaló que en la herida mortal ubicada en la cabeza no fueron encontrados residuos de pólvora, pese a que correspondía al disparo que habría causado la muerte.
Según la Fiscalía, este hallazgo indicaría que el disparo habría sido realizado a cierta distancia y no a quemarropa. A ello se sumaron otros análisis forenses que, de acuerdo con el ente acusador, no serían compatibles con un patrón suicida típico.
La Fiscalía sostiene que el conjunto de los elementos —las heridas, las distancias de disparo, las trayectorias, la ausencia de residuos en la lesión mortal y los resultados de las pruebas practicadas a la investigadora— permitirían considerar que la muerte fue provocada.
