La histórica bonga, ubicada en el barrio 20 de Julio de Santa Marta, continúa según lo plasmado en una orden judicial, representando un peligro para las familias y establecimientos cercanos.
El Juzgado Primero Penal Especializado de Santa Marta abrió incidente de desacato contra el director de la OGRICC por el presunto incumplimiento de una orden relacionada con la tala controlada del árbol.
La Bonga del barrio 20 de Julio, cuya tala controlada fue autorizada desde febrero, terminó nuevamente en el centro de una disputa judicial. El Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Santa Marta abrió un incidente de desacato contra Darío Linero Mejía, director de la Oficina para la Gestión del Riesgo y Cambio Climático (OGRICC), al considerar que no se ha acreditado el cumplimiento de una orden judicial relacionada con el árbol.
La decisión se conoce luego de varios requerimientos dirigidos a la administración distrital para establecer qué acciones se habían adelantado frente a la orden de tala y cuándo sería ejecutada.
LA ORDEN SIGUE SIN ACREDITARSE
La Bonga está ubicada en la carrera 16 entre calles 6 y 7 del 20 de Julio. El DADSA había autorizado su tala controlada mediante el Oficio No. 020184 del 12 de febrero de 2026.
De acuerdo con el expediente, la Alcaldía indicó que la ejecución material de la medida correspondía a la OGRICC, por tratarse de una actuación relacionada con la gestión del riesgo.
El juzgado señala que se solicitaron, entre otros aspectos, la identificación del personal encargado, los equipos requeridos, un informe técnico y operativo y un cronograma de trabajo. Sin embargo, no encontró acreditado que la orden hubiera sido materializada.
LA OGRICC TIENE TRES DÍAS PARA EJECUTAR LA ORDEN
El proceso se origina en una tutela cuya sentencia fue emitida el 27 de abril de 2026 y posteriormente modificada por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Santa Marta el 5 de junio.
Con la apertura del incidente, Linero Mejía tendrá tres días, contados a partir de su notificación, para acreditar ante el juzgado el cumplimiento de las órdenes impartidas por el Tribunal.
También contará con 48 horas para pronunciarse sobre el incidente, presentar pruebas y solicitar las que considere necesarias para su defensa.
Mientras tanto, la Alcaldía de Santa Marta, el DADSA, el Ministerio de Ambiente y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, entre otras entidades, continúan vinculadas al trámite judicial.
