Juan Jacobo Torregroza Cala, exdirector del Instituto de Tránsito y Transporte de Ciénaga, y León Felipe Gonzáles Argota, actual jefe administrativo de la entidad, fueron judicializados por la Fiscalía por presuntas irregularidades relacionadas con el pago de honorarios a tres facilitadores viales entre 2024 y 2025.
La Fiscalía General de la Nación judicializó a Juan Jacobo Torregroza Cala, exdirector del Instituto de Tránsito y Transporte de Ciénaga, y a León Felipe Gonzáles Argota, actual jefe administrativo de la entidad, por presuntas irregularidades relacionadas con la autorización y trámite de pagos correspondientes a contratos de prestación de servicios suscritos con facilitadores viales, hechos que, de acuerdo con la investigación, se habrían presentado entre 2024 y 2025 y estarían relacionados con la falta de verificación de requisitos frente al sistema de seguridad social.
Según el ente acusador, durante ese periodo se habrían autorizado y ordenado pagos correspondientes a tres facilitadores viales sin que, presuntamente, se hubiera comprobado previamente el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con su afiliación al sistema de seguridad social.
La Fiscalía sostiene que estas actuaciones habrían generado un presunto detrimento de los recursos públicos por aproximadamente $120 millones, suma que estaría relacionada con las conductas atribuidas al exdirector Juan Jacobo Torregroza Cala.
En cuanto a León Felipe Gonzáles Argota, quien actualmente se desempeña como jefe administrativo del Instituto de Tránsito y Transporte de Ciénaga, la investigación señala un presunto detrimento cercano a $76 millones, relacionado igualmente con los pagos objeto de análisis por parte del ente acusador.
De acuerdo con las cifras expuestas por la Fiscalía, el impacto económico que estarían representando las presuntas irregularidades investigadas asciende en conjunto a aproximadamente $196 millones de recursos públicos.
RESPONSABILIDADES BAJO INVESTIGACIÓN
La investigación busca establecer el grado de responsabilidad que habrían tenido los dos funcionarios en el proceso de autorización, trámite y pago de los contratos de prestación de servicios, particularmente frente a las verificaciones que debían realizarse antes de desembolsar los honorarios a los contratistas.
Para la Fiscalía, los funcionarios habrían omitido presuntamente las comprobaciones necesarias relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones de seguridad social de los facilitadores viales, situación que habría permitido la realización de los pagos que actualmente son objeto de investigación. El proceso judicial continuará con las actuaciones correspondientes para determinar la responsabilidad individual de los investigados frente a los hechos señalados por el ente acusador, por lo que las circunstancias descritas corresponden a hipótesis de la investigación y no a decisiones judiciales definitivas.
