José Moreno, abogado de Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), investigado por el escándalo de corrupción en esa entidad, pidió hoy a las autoridades que se establezca si las declaraciones hechas bajo reserva por su defendido fueron filtradas a la prensa.
De acuerdo con el legista, un medio de prensa, que no identificó, le habría hecho tres preguntas «cuyo contenido genera serios interrogantes sobre el origen, la trazabilidad, la integridad y el contexto de información relacionada con las declaraciones del testigo estrella».
«Esta defensa considera que corresponde a la administración de justicia y no a la opinión pública establecer qué ocurrió realmente si información reservada fue filtrada, fue manipulada o incluso editada o utilizada para construir una narrativa o versiones distintas de los hechos, las autoridades deben identificar su origen, verificar su integridad y determinar las responsabilidades correspondientes», reclamó.
Sostuvo que «si se trata de información sometida a reserva, resulta indispensable establecer quién tuvo acceso a ella, cómo fue extraída y de qué manera terminó en manos de terceros. La Ley 906 de 2004, particularmente sus artículos 254 y siguientes, establece reglas destinadas a garantizar la autenticidad, la integridad y adecuada cadena de custodia de los elementos materiales probatorios», afirmó Moreno, en un video mensaje.
Recordó que la Corte Suprema de Justicia ha establecido que la cadena de custodia de los elementos que hacen parte de un proceso judicial es fundamental para evitar que haya «alteraciones, modificaciones, suplantaciones o falseamientos de la evidencia».
«Una eventual irregularidad no determina automáticamente la exclusión de una prueba, pero sí puede comprometer su autenticidad, su credibilidad y fuerza demostrativa, asuntos que deben ser esclarecidos dentro del proceso y no mediante filtraciones a los medios de comunicación, violentando la reserva legal que tienen estas investigaciones», puntualizó el abogado defensor.
Olmedo López es investigado por los delitos de concierto para delinquir agravado y peculado por apropiación agravado, por su participación en el entramado de corrupción que direccionó contratos en la entidad.
López, según las pruebas en su contra, en su calidad de ordenador del gasto, favoreció a un contratista por un contrato con valor de $48.600 millones, cuyo objeto era el suministro de 40 carrotanques para llevar agua potable a comunidades indígenas de La Guajira.
A cambio, habría recibido $724 millones y permitido que terceros se apoderaran de $13.340 millones.
También es señalado de orientar un contrato en beneficio de una corporación mixta indígena para adquirir 40 carrotanques pequeños por un costo superior a los $29.000 millones, en el cual el contratista se habría apropiado de $11.114 millones.
/COLPRENSA
