Este 10 de septiembre se cumple exactamente un mes del terremoto de magnitud 7,4, el cual dejó más de 300 personas fallecidas.
En esta conmemoración, la agremiación de Ciudades Capitales (Asocapitales) señaló que la prioridad de labores de búsqueda y respuesta inmediata dieron paso a una etapa mucho más completa y de mayor duración: recuperar viviendas e infraestructura, restablecer servicios, reactivar las economías locales y estructurar los recursos necesarios para reconstruir de manera segura y resiliente.
De acuerdo con el Registro Único de Damnificados (RUD) de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres (Ungrd), con corte al 8 de septiembre, Cali, Pereira, Quibdó, Armenia y Manizales suman 128.463 familias y 282.643 personas damnificadas. En esas cinco ciudades se registran además 7.416 viviendas destruidas y 58.710 viviendas no habitables.
«La recuperación no comienza cuando termina la emergencia; debe estructurarse mientras todavía se atienden sus efectos. La organización ha planteado que los aprendizajes de esta tragedia se traduzcan en capacidades permanentes de las ciudades y en instrumentos de política pública dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2026–2030», subrayó Asocapitales.
El balance entregado da cuenta como las cinco ciudades capitales más afectadas por el terremoto avanzan hacia el tránsito de la reconstrucción, en donde Manizales presenta uno de los procesos más avanzados de retorno a la normalidad.
La Alcaldía reportó que el cien por ciento de las instituciones educativas públicas regresó a la presencialidad y cerca del 97% del comercio estaba nuevamente abierto. Al cierre de agosto se habían realizado 11.513 visitas a predios, entregado 21.270 kits humanitarios y asignado 2.263 subsidios de arrendamiento.
Además, la ciudad activó formalmente su plan de reconstrucción. El Concejo aprobó $220.000 millones para una primera fase, mientras Camacol asumirá la gerencia del proceso con seguimiento técnico.
En el caso de Cali, los reportes dan cuenta que el 95% de los estudiantes del sistema oficial había regresado a la presencialidad a comienzos de septiembre. Las 338 sedes educativas oficiales fueron evaluadas; 248 quedaron habilitadas, 81 parcialmente habilitadas y nueve inhabilitadas.
Sobre Pereira, el Concejo Municipal aprobó la reorientación de $85.166 millones de un cupo de endeudamiento previamente autorizado para poder financiar demoliciones, remoción de escombros, alquiler de maquinaria, obras de reconstrucción, estabilización y recuperación de infraestructura pública, incluidos colegios, puentes y vías.
En Armenia se aprobó una hoja de ruta compuesta por 175 líneas de acción, que comprende atención humanitaria, vivienda, recuperación de infraestructura, manejo de residuos de construcción y demolición, agua y saneamiento, salud, asistencia social y reactivación económica.
La administración local ha señalado que uno de los principales retos será conseguir la financiación necesaria para convertir esa planificación en intervenciones concretas.
Sobre Quibdó, la reconstrucción se cruza con desafíos históricos de infraestructura y desarrollo territorial, en donde las intervenciones directamente asociadas con vivienda, equipamientos y recuperación urbana se suma el Plan Marshall para el Chocó, anunciado por el Gobierno Nacional.
RECURSOS POR 26 BILLONES
A un mes de cumplirse el desastre, Asocapitales estimó de manera preliminar que la reconstrucción podría alcanzar $26 billones.
Frente a esta cifra, la Asociación propuso una arquitectura de financiación que combine recursos territoriales disponibles, redistribución temporal de algunas rentas nacionales, flexibilización de instrumentos de endeudamiento y liquidez, alivios tributarios y crédito para la reactivación productiva.
También planteó elevar de $1,1 billones a por lo menos $2 billones el cupo anual de Obras por Impuestos, con una ventana específica para la reconstrucción de los territorios afectados.
«El objetivo es evitar que las ciudades tengan que escoger entre reconstruir infraestructura, proteger el empleo, financiar servicios esenciales o preservar su sostenibilidad fiscal», señaló la Asociación.
Agregó que este primer mes confirma que «la siguiente etapa debe superar la reposición física de lo destruido», bajo una agenda que incluye establecer un estándar nacional de información territorial para desastres, fortalecer capacidades geoespaciales permanentes en las ciudades y crear un registro nacional de profesionales acreditados para despliegue inmediato.
Además, insistió en la prioridad de preidentificar sitios para residuos de construcción y demolición, diseñar instrumentos estables de financiación y asegurar qué propietarios, arrendatarios y ocupantes informales puedan acceder a soluciones de vivienda.
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