La joven ofreció disculpas al país por lo hecho, y pactó una serie de compromisos que tendrán que ser avalados por un juez.
Con un rosario en la mano, este miércoles Juliana Guerrero se conectó a la audiencia en la que se declaró culpable de haber cometido fraude al momento de obtener dos títulos falsos de la Fundación Universitaria San José. La joven declaró que quiso beneficiarse ilegalmente para llegar al gobierno del expresidente Gustavo Petro como viceministra de Juventud.
Su aceptación del fraude la hizo después de que negoció un preacuerdo con la Fiscalía General. Las negociaciones se vinieron adelantando en las últimas semanas entre el abogado defensor Felipe Alzate y la fiscal Jessica Montealegre. Ambos pactaron los pormenores que este miércoles fueron expuestos en audiencia ante un juez de conocimiento de Bogotá.
El escándalo de títulos falsos en la Fundación San José fue destapado hace varios meses y tendría como beneficiadas a más personas, que por ahora permanecen en el anonimato. Según fuentes, el caso de Juliana Guerrero no es la excepción, aunque es el que más ha generado revuelo debido a que la joven intentó ganarse un puesto en el gobierno Petro.
La investigada alcanzó a estudiar ocho semestres en el Cesar, de donde es oriunda, y llegó a Bogotá a homologar lo que le faltaba en la Fundación San José. No obstante, el tecnólogo y el título de contadora pública profesional lo consiguió de manera irregular.
Luego de que no se presentó a un par de audiencias, en el primer semestre del año la fiscal Montealegre la imputó por el delito de fraude procesal, establecido en el artículo 453 del Código Penal, el cual dicta de seis a 12 años de cárcel. A la par, la investigadora leyó el cargo de falsedad en documento público contra Luis Carlos Gutiérrez, exsecretario general de la San José que también negoció un preacuerdo y, de hecho, ya le fue aprobado con una sentencia de tres años.
La negociación de Guerrero vino después. Su abogado Felipe Alzate se reunió con la fiscal Montealegre para determinar los detalles del preacuerdo. La pena que establecieron es de tres años de prisión, dos años y medio de inhabilidad para ocupar cargos públicos y 100 salarios mínimos de multa.
Uno de los cambios sustanciales es que la Fiscalía le cambió el fraude procesal en calidad de autora, y lo pasó a cómplice. Eso influyó en que la pena quedara en solo 36 meses, que lo más probable es que sean excarcelables debido a lo establecido por la jurisprudencia.
EL TIEMPO habló con varios penalistas que se pronunciaron ante el preacuerdo que tendrá que avalar o no el juez.
Camilo Burbano afirmó que «sin conocer todos los detalles, es claro que la defensa de Juliana Guerrero obtuvo un acuerdo increíblemente beneficioso. Para que ella haya obtenido una pena de solo tres años, y teniendo en cuenta que el fraude procesal tiene una pena de seis a 12 años, el preacuerdo tuvo que partir del mínimo de la pena: seis años, y reconocerle el máximo de la rebaja por degradar su forma de coparticipación criminar de autor a cómplice, es decir, reconocerle una rebaja de la mitad. Esperemos que la justicia premial funcione tan eficientemente en todos los procesos».
Por su parte, el penalista Juan Manuel Castellanos manifestó que «la pena de 36 meses es irrisoria, puede ser una burla a la justicia y al país, propiamente por lo que significa Juliana Guerrero: su poder, sus relaciones sociales y políticas venden la idea falsa que delinquir sí paga». No obstante, afirmó que el preacuerdo presentado cumple con todos los requisitos previstos en la ley.
Finalmente, el abogado Diego Suárez se pronunció sobre la diferente entre un principio de oportunidad y un preacuerdo. Y es que Juliana Guerrero se declara culpable pero no tiene la obligación de servirle a la Fiscalía como testigo para llegar a otros eventuales responsables en la falsificación de títulos.
«Con el preacuerdo, la persona acepta cargos a cambio de que la Fiscalía le dé beneficios. Es una negociación que apunta a la humanización de la pena, que se reduzca, y tiene como finalidad terminar anticipadamente el proceso. Tiene un requisito que es el reintegro de lo obtenido con el delito. No hay compromisos adicionales, desafortunadamente en otros casos la Fiscalía ha exigido colaboración, pero son temas distintos. Cuando se es fuente humana es porque se apunta a una de las causales de los principios de oportunidad», dijo Suárez.
Y frente a si quedó por fuera algún otro delito, el abogado resaltó que «la calificación jurídica es del resorte único y exclusivo de la Fiscalía. Si algún delito quedó por fuera, uno puede compartir o no eso, pero por esos hechos ella no puede volver a ser investigada».
En caso de que el juez acepte el preacuerdo, tendrá que fijar una fecha para leer la condena.
/EL TIEMPO
