Poco tiempo pasó para que el país político reaccionara al anuncio del presidente de la República, Abelardo de la Espriella, de expedir el decreto con el cual volvió a habilitar el porte legal de armas para los civiles, con el objetivo de enfrentar a la delincuencia en general.
La decisión quedó plasmada en el Decreto 1368 del 8 de septiembre de 2026, que restablece la vigencia de los permisos que estén activos y que no tengan restricciones individuales, pero aclara que no habilita el porte de armas con permisos vencidos, suspendidos, cancelados o revocados, ni modifica los requisitos legales para portar armas.
Desde la izquierda, la senadora del Pacto Histórico Esmeralda Hernández demandará el decreto, por ser una “medida sumamente peligrosa. Armar a la ciudadanía no mejorará la seguridad; al contrario, puede desatar más violencia. En un país con altos niveles de intolerancia, cualquier discusión cotidiana podría terminar escalando a una confrontación armada. No es casualidad que gobiernos anteriores hayan respaldado la restricción al porte de armas».
El representante a la Cámara Mauricio Toro, de la Alianza Verde, sostuvo que el decreto “es un error», puesto que «se había demostrado que el porte de armas incrementó el homicidio, en los años 2024 y 2025 y en el 2026 iba un 10%, con el porte legal vamos a tener más homicidios”.
Una voz más desde el petrismo que se opuso fue el senador Kevin Gómez, para quien “ningún país del mundo bajó sus homicidios o mejoró su seguridad repartiendo pistolas. Ya Bolsonaro le vendió a Brasil la misma farsa de la flexibilización en el porte de armas para ciudadanos de bien y los resultados concretos fueron el fortalecimiento de grupos paramilitares que terminaban con las armas legales, un aumento del 76% en las masacres relacionadas con conflictos por la tierra y un aumento del 17,2% en los feminicidios y muertes evitables”.
Desde el uribismo, los congresistas acogieron el decreto, así lo señaló el senador Óscar Villamizar, quien aseguró que “lo pedimos desde el Centro Democrático, se levantó la suspensión general de permisos para porte de armas de fuego. El ciudadano de bien tiene derecho a la legítima defensa”.
En el mismo sentido el representante Jaime Arizabaleta manifestó que “no hay mejor manera de detener a un hombre malo armado que con un hombre bueno armado”.
El exsenador de Cambio Radical Carlos Fernando Motoa sostuvo que “con esta medida el país vuelve al modelo existente en 2015 y garantiza que desaparezcan abusos como el porte especial. Un doble permiso que impedía que los ciudadanos respetuosos de la Ley contarán con herramientas de protección aún teniendo salvoconducto. Con esta decisión Colombia avanza hacia una verdadera política de registro y control. Algo indispensable para contrarrestar el tráfico, posesión y porte ilegal en ciudades como Cali y departamentos como el Valle”.
En la misma línea de la decisión presidencial, en la Cámara de Representantes fue radicado un proyecto de ley por parte del representante liberal Octavio Cardona, que busca modificar «la regulación de la tenencia, el porte, la clasificación, la comercialización y el uso de armas, municiones, explosivos y sus accesorios».
