Una segunda decisión, conocida este sábado, ordena al presidente, Abelardo de la Espriella, suspender todos los bombardeos que se pretendan realizar en el departamento de Guaviare, en los que exista información de inteligencia o alguna alerta que haga temer la presencia de menores de edad en el lugar.
Esta decisión fue tomada, con base en una acción de tutela, por el juez tercero Penal del Circuito de San José del Guaviare, Jhoan Aguilera Martínez, para proteger los derechos de los menores que hayan sido reclutados por grupos armados ilegales.
El juez rechazó el reclutamiento de menores por parte de grupos armados ilegales y los exhortó a abandonar esta práctica ilegal, pero señaló que es responsabilidad del Estado proteger su integridad, aunque ello signifique renunciar a llevar a cabo una operación militar.
Es el segundo fallo judicial que ordena la suspensión de bombardeos que puedan afectar a menores de edad.
La primera fue tomada por el juzgado 34 de familia de Bogotá, que ordenó suspender este tipo de operaciones «hasta tanto se adopten y verifiquen las medidas de precaución y protección necesarias y se determine, conforme a la información disponible y a los protocolos operacionales aplicables, que no existe una alternativa operacional menos lesiva que permita alcanzar el objetivo militar legítimo perseguido”.
El juez de Guaviare también ordenó al Ministerio de Defensa, al Ejército y a otras entidades que en un plazo de 48 horas le informen cuáles son los protocolos que se adoptan para identificar la presencia de menores de edad en un campamento, verificar la información de inteligencia de la que se dispone antes del bombardeo y evaluar los riesgos que existen para la población civil con la operación que se quiere ejecutar.
El ministro del Interior, Rodrigo Lara, calificó como «absurda e inconstitucional» la decisión tomada por el juzgado de Familia de Bogotá que ordenó la suspensión de los bombardeos.
La polémica por la muerte de cuatro menores de edad durante dos bombardeos de las Fuerzas Militares llegó a los estrados judiciales. Un juzgado de Bogotá acaba de ordenarle al gobierno de Abelardo de la Espriella que suspenda inmediatamente cualquier operación de ese tipo en zonas donde pueda haber presencia de menores de edad.
La decisión la tomó el juzgado 34 de familia de Bogotá al admitir una tutela que pedía abstenerse de realizar operaciones ofensivas en zonas donde exista información de presencia de menores de edad «hasta tanto se adopten y verifiquen las medidas de precaución y protección necesarias y se determine, conforme a la información disponible y a los protocolos operacionales aplicables, que no existe una alternativa operacional menos lesiva que permita alcanzar el objetivo militar legítimo perseguido”.
La acción fue presentada en contra del presidente, Abelardo de la Espriella; el ministro de Defensa, Jorge Mora; el ministro del Interior, Rodrigo Lara; el comandante de las Fuerzas Militares, general Erik Rodríguez; el comandante del Ejército, general José Bertulfo Soto; el comandante de la Fuerza Aeroespacial, el general Juan Jaime Martínez; y el comandante de la Armada, el vicealmirante Javier Alfonso Jaime.
En un bombardeo contra las disidencias de Calarcá, el pasado 27 de agosto en Guaviare, murieron tres menores de edad, según lo confirmó Medicina Legal, y unos días antes, el 10 de agosto, en una operación en el Catatumbo, murió uno más, de 16 años.
Ante esas operaciones, la oposición del Gobierno radicará, en la Cámara de Representantes, una moción de censura contra el ministro de la Defensa, Jorge Eduardo Mora, al argumentar que los menores “son víctimas del crimen” por lo que “la respuesta constitucional del Estado frente a estos menores no puede reducirse a identificarlos retrospectivamente como integrantes de una estructura armada”.
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