Una decisión judicial ordenó al Gobierno de Abelardo De La Espriella abstenerse de ejecutar operaciones aéreas ofensivas contra campamentos de grupos armados cuando exista información cierta, objetiva o razonablemente verificable sobre la presencia de menores de edad.
La medida cautelar fue dirigida a la Presidencia, el Ministerio de Defensa, las Fuerzas Militares, el Ejército, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Armada Nacional.
La orden establece que, antes de realizar un bombardeo, las autoridades deberán verificar la presencia de niños, niñas o adolescentes y adoptar las medidas necesarias para protegerlos. La operación solo podrá llevarse a cabo si no existe una alternativa menos lesiva que permita cumplir con el objetivo militar.
La decisión se conoce luego del operativo realizado en El Retorno, Guaviare, contra disidencias de alias Calarcá, que dejó 10 integrantes de esa estructura muertos. Tras la recuperación de los cuerpos, Medicina Legal identificó a nueve personas, entre ellas tres menores de 15 y 16 años.
El caso reabrió el debate sobre el reclutamiento de menores por parte de grupos armados y las condiciones en las que se desarrollan las operaciones militares contra estas estructuras.
La medida permanecerá vigente mientras se toma una decisión de fondo dentro de la acción de tutela.
