El nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella tendrá que enfrentar un mapa de seguridad mucho más fragmentado que el que existía antes de la firma del Acuerdo de Paz de 2016. Esa es una de las principales advertencias del Atlantic Council, que acaba de publicar un documento con recomendaciones para fortalecer la presencia del Estado en las regiones afectadas por el conflicto armado.
El centro de pensamiento estadounidense sostiene que la recuperación territorial no puede depender únicamente de operaciones militares y policiales. Su propuesta para la nueva administración combina protección de civiles, fortalecimiento de la Fuerza Pública, inversión rural, infraestructura, servicios públicos, protección de líderes sociales y prevención del reclutamiento de menores.
El Atlantic Council es un centro de pensamiento estadounidense, con sede en Washington D. C., dedicado al análisis de asuntos internacionales, seguridad, geopolítica y relaciones transatlánticas. Fundado en 1961, desarrolla investigaciones y recomendaciones de política pública dirigidas a gobiernos, instituciones y líderes políticos sobre asuntos como defensa, cooperación internacional, energía, economía y seguridad.
El planteamiento adquiere especial relevancia porque coincide con una de las principales promesas de De la Espriella: restablecer la autoridad del Estado en territorios donde los grupos armados han terminado ejerciendo funciones propias de una autoridad local.
El Atlantic Council señala que el presidente ha convertido la recuperación de la autoridad estatal y el control territorial en una prioridad de su administración y considera que la cooperación renovada con Estados Unidos puede convertirse en una herramienta para avanzar en ese objetivo.
Una estrategia que no sea solamente militar
Para el Atlantic Council, Colombia enfrenta un problema distinto al de décadas anteriores. Las antiguas estructuras insurgentes dieron paso a un escenario fragmentado en el que diferentes grupos se dividen, forman alianzas y compiten por territorios, corredores estratégicos y rentas legales e ilegales.
En muchas de esas zonas, explica el organismo, la ausencia histórica de instituciones estatales permitió que los grupos armados ocuparan espacios que deberían corresponder al Estado.
La consecuencia es que algunas organizaciones no solamente participan en economías ilícitas. También regulan el movimiento de las personas, controlan actividades económicas, imponen restricciones, cobran extorsiones y ejercen autoridad sobre comunidades.
El problema se refleja en el crecimiento de estas organizaciones. Según un estudio de la Fundación Ideas para la Paz citado por el Atlantic Council, los integrantes de los principales grupos armados pasaron de 15.120 a finales de 2022 a 28.802 en julio de 2026.
Al mismo tiempo, las zonas donde diferentes organizaciones disputan el control pasaron de siete a 14.
Por eso, la propuesta del centro de pensamiento parte de una premisa: no basta con sacar temporalmente a los grupos armados de un territorio; el Estado debe permanecer allí después de las operaciones de seguridad.
El propio De la Espriella había planteado durante su posesión que su gobierno sería “de las regiones y para las regiones” y que buscaría “derrotar al narcoterrorismo sin descanso”. El Atlantic Council considera que ese objetivo requiere combinar las operaciones de seguridad con desarrollo territorial y oportunidades económicas legales.
Primera recomendación: proteger a la población civil en las 14 zonas en disputa
La primera recomendación concreta del Atlantic Council es fortalecer las capacidades de protección de civiles en los territorios donde los grupos armados están disputando el control.
No se trata únicamente de aumentar el número de uniformados. El centro propone mejorar las herramientas que permitan responder rápidamente cuando una comunidad sea amenazada.
Las 14 zonas actualmente disputadas concentran casi el 80 % de los impactos humanitarios relacionados con desplazamientos, confinamientos, restricciones a la movilidad y dificultades para el acceso humanitario.
El Atlantic Council propone, entre otras medidas, mejorar los sistemas de comunicaciones seguras e intercambio de información, de modo que las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo puedan convertirse rápidamente en acciones de protección.
También recomienda ampliar la movilidad aérea y fluvial para llegar a comunidades aisladas cuando los grupos armados bloqueen carreteras, impongan paros armados o establezcan retenes ilegales.
A esto se sumaría una mayor capacidad para detectar y neutralizar minas y otros explosivos que impiden la movilidad de los habitantes y la llegada de servicios públicos.
El centro también recomienda ampliar la presencia de los Carabineros de la Policía, la unidad especializada en seguridad rural, especialmente en las zonas donde el Estado consiga recuperar el control.
La idea es que la Fuerza Pública no desaparezca después de una operación: debe permanecer en el territorio y coordinarse con las autoridades judiciales y de inteligencia.
Segunda recomendación: aprovechar los proyectos que las comunidades ya identificaron
El segundo componente de la propuesta se aleja todavía más de una estrategia exclusivamente militar.
El Atlantic Council recomienda que el gobierno de De la Espriella utilice los proyectos de desarrollo territorial que ya fueron identificados por las propias comunidades.
El organismo apunta especialmente a los PDET y los Planes de Acción para la Transformación Regional, creados a partir del Acuerdo de Paz para intervenir en 170 municipios de 16 subregiones afectadas por conflicto, pobreza, economías ilícitas y debilidad institucional.
Las comunidades y autoridades territoriales identificaron 33.007 iniciativas, pero el avance ha sido limitado: para marzo de 2025 solamente 18.501, equivalentes al 56 %, tenían una ruta activa de implementación.
Para el Atlantic Council, esos proyectos pueden convertirse en una especie de cartera de inversiones para la recuperación territorial.
La recomendación es que la Agencia de Renovación del Territorio y el Departamento Nacional de Planeación trabajen con gobernaciones y alcaldías para seleccionar proyectos capaces de apoyar la estrategia rural del nuevo gobierno.
Entre las prioridades menciona carreteras rurales, puentes, transporte fluvial, sistemas de riego y drenaje, agua, salud y educación.
El documento advierte que al finalizar 2025 la Agencia de Renovación del Territorio tenía identificados 3.436 proyectos estructurados que todavía no contaban con una fuente de financiación.
Obras por Impuestos, otra herramienta para llevar Estado a las regiones
El centro de pensamiento también recomienda que el gobierno utilice con mayor intensidad el mecanismo de Obras por Impuestos.
La propuesta consiste en utilizar recursos asociados a obligaciones tributarias empresariales para financiar proyectos de infraestructura en territorios afectados por el conflicto.
El mecanismo podría financiar obras de transporte, agua y saneamiento, energía e infraestructura productiva, particularmente en zonas donde la presencia estatal sigue siendo débil.
El Atlantic Council destaca que el vicepresidente José Manuel Restrepo ha planteado aumentar hasta cinco veces el valor anual de los proyectos que pueden ejecutarse mediante este mecanismo.
Para el centro, una expansión de Obras por Impuestos permitiría incorporar más proyectos de los PDET y, al mismo tiempo, movilizar inversión privada hacia territorios que históricamente han permanecido aislados.
La lógica detrás de esta recomendación es clara: una carretera, un centro de salud, una conexión eléctrica o un sistema de agua no serían únicamente obras de infraestructura, sino instrumentos para consolidar la presencia del Estado una vez recuperada la seguridad.
Tercera recomendación: utilizar la ayuda de Estados Unidos para reconstrucción y desarrollo rural
El Atlantic Council también propone que el gobierno aproveche recursos estadounidenses que ya fueron apropiados para Colombia.
En febrero de 2026, el Congreso de Estados Unidos destinó US$15 millones para actividades relacionadas con derechos humanos y otros US$25 millones para comunidades afrocolombianas e indígenas.
El centro propone que la administración De la Espriella dialogue con el Departamento de Estado para determinar cómo esos recursos pueden contribuir a fortalecer la presencia institucional y generar oportunidades económicas en las zonas rurales.
Una de las posibilidades señaladas es utilizar parte de los US$25 millones para la reconstrucción de la región Pacífica después del terremoto del 10 de agosto, especialmente porque muchas de las comunidades afectadas son afrocolombianas e indígenas.
El dinero podría dirigirse a agua potable, saneamiento, electricidad, hospitales, escuelas y conectividad, además de apoyar la recuperación del comercio, el turismo y otras actividades económicas locales.
El Atlantic Council también considera prioritarias las inversiones en ríos, carreteras y otras formas de transporte, debido a que el aislamiento de muchas comunidades es precisamente una de las condiciones que ha permitido que los grupos armados llenen los vacíos dejados por el Estado.
Proteger a los líderes sociales también hace parte de recuperar el territorio
La recomendación estadounidense no se limita a infraestructura.
El Atlantic Council plantea utilizar los recursos destinados a derechos humanos para proteger a líderes sociales y comunitarios, particularmente en zonas donde las comunidades étnicas son afectadas de manera desproporcionada por la presencia de grupos armados.
Entre las posibilidades están apoyar a autoridades y guardias étnicas para documentar amenazas y trasladar los casos a las instituciones encargadas de protección y justicia.
También propone financiar iniciativas de organizaciones civiles que trabajen en esos territorios, incluidos programas educativos para niños, asistencia jurídica y psicosocial para líderes y sistemas para identificar y hacer seguimiento a riesgos de seguridad.
La recomendación adquiere especial importancia frente a la dimensión de la violencia: INDEPAZ registró 187 asesinatos de líderes sociales en 2025, mientras que las restricciones impuestas por grupos armados también afectaron el acceso humanitario.
Cuarta recomendación: impedir que los grupos armados recluten niños
El cuarto eje de la propuesta está dirigido a uno de los mecanismos que permiten a las organizaciones ilegales mantener y ampliar su presencia territorial: el reclutamiento de menores.
El Atlantic Council advierte que los niños de las zonas afectadas por el conflicto son particularmente vulnerables debido a la pobreza, la falta de oportunidades educativas y la ausencia de instituciones.
Pero señala además un cambio en los métodos utilizados por los grupos armados: las redes sociales están siendo empleadas para atraer a menores mediante falsas promesas de empleo e ingresos.
El documento propone aprovechar la Ley 2590, aprobada en julio de 2026, para fortalecer la prevención.
La norma contempla un plan nacional de prevención, un observatorio nacional para consolidar información sobre los riesgos de reclutamiento y protocolos nacionales y locales de respuesta.
El Atlantic Council recomienda que Estados Unidos, a través de su Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley, proporcione asistencia técnica a instituciones colombianas como la Policía y la Fiscalía.
Uno de los objetivos sería mejorar la recopilación y el intercambio de información para identificar cómo los grupos armados están utilizando las redes sociales para reclutar menores.
Una alianza de US$1.000 millones como oportunidad para la nueva estrategia
Todas estas recomendaciones aparecen en un momento en que Washington ha mostrado disposición a profundizar la cooperación con el gobierno de De la Espriella.
Estados Unidos anunció su intención de trabajar con el Congreso para liberar un paquete de asistencia de seguridad de US$1.000 millones para Colombia, anunciado el mismo día de la posesión presidencial, el 7 de agosto.
El Atlantic Council considera que esta cooperación debería concentrarse en protección de civiles, inversión rural, lucha contra el narcotráfico y prevención del reclutamiento de menores.
Pero el planteamiento central del documento es que esos recursos no deberían entenderse solamente como financiación para operaciones de seguridad.
La apuesta consiste en utilizar la cooperación estadounidense para que, después de que las Fuerzas Militares y la Policía recuperen el acceso a una región, lleguen detrás de ellas las instituciones civiles, las carreteras, los servicios públicos, la justicia, la inversión y las economías legales.
Para el Atlantic Council, ese es el elemento que puede diferenciar una recuperación territorial temporal de una presencia estatal permanente.
Bloque de preguntas y respuestas
¿Qué recomienda el Atlantic Council a Abelardo de la Espriella?
El centro propone fortalecer la protección de civiles, mejorar las capacidades de la Fuerza Pública, aprovechar proyectos PDET, movilizar inversión privada, utilizar recursos estadounidenses para desarrollo rural y reconstrucción y reforzar la prevención del reclutamiento de menores.
¿Cuáles son las zonas prioritarias para recuperar el control territorial?
El Atlantic Council identifica 14 zonas en disputa entre grupos armados, que concentran cerca del 80 % de los impactos humanitarios relacionados con desplazamientos, confinamiento y restricciones de movilidad y acceso humanitario.
¿Cuánto dinero podría recibir Colombia de Estados Unidos para seguridad?
Estados Unidos anunció su intención de trabajar con el Congreso para liberar un paquete de asistencia de seguridad de US$1.000 millones para Colombia. El Atlantic Council plantea que la cooperación se concentre también en protección civil, inversión rural y prevención del reclutamiento infantil.
¿Qué papel tendrían los PDET en la estrategia de De la Espriella?
El Atlantic Council propone aprovechar las iniciativas territoriales ya identificadas por las comunidades dentro de los PDET y PATR. De las 33.007 iniciativas identificadas, 18.501 tenían una ruta activa de implementación a marzo de 2025.
¿Por qué el Atlantic Council considera importante la presencia permanente del Estado?
Porque, según el centro, las operaciones de seguridad pueden permitir recuperar temporalmente un territorio, pero la permanencia de instituciones, servicios públicos e infraestructura es necesaria para evitar que los grupos armados vuelvan a ocupar ese vacío de poder.
/la fm
