El derecho a la protesta no ampara acciones que ocasionen afectaciones desproporcionadas a terceros o paralicen actividades económicas. Así lo determinó el Consejo de Estado al fallar un proceso relacionado con bloqueos que afectaron la operación de una instalación petrolera de Ecopetrol en el Meta.
El caso se remonta a las manifestaciones realizadas en 2017 en la Estación Chichimene, ubicada en zona rural de Acacías. Durante varios días, los bloqueos impidieron el ingreso de trabajadores, contratistas, maquinaria e insumos necesarios para mantener en funcionamiento la instalación.
Las protestas fueron protagonizadas por habitantes del área de influencia, quienes reclamaban por la asignación de oportunidades laborales. Sin embargo, las acciones terminaron afectando directamente la producción de crudo de la estación.
Ecopetrol acudió a la justicia para reclamar una indemnización por los perjuicios económicos derivados de la interrupción de sus operaciones. En primera instancia, el Tribunal Administrativo del Meta había negado las pretensiones de la empresa, pero el Consejo de Estado revocó esa decisión y estableció que sí se produjo un daño que debía ser reparado.
Protestar no significa bloquear sin consecuencias
La corporación señaló que el derecho fundamental a la manifestación pública debe ejercerse respetando los derechos de otras personas y el desarrollo de actividades económicas. En el caso analizado, consideró que los bloqueos fueron más allá de la expresión de una inconformidad y terminaron restringiendo el acceso a una instalación industrial.
Aunque parte del petróleo que dejó de producirse podía ser extraído posteriormente, el Consejo de Estado concluyó que esto no eliminaba el perjuicio generado por la interrupción de la producción en el momento previsto.
¿Cuánto tendrán que pagar?
La sentencia todavía no establece una cifra definitiva. El valor de la indemnización será determinado posteriormente, teniendo en cuenta factores como la cantidad de crudo cuya producción fue aplazada, los pozos afectados, los registros de producción y el precio del petróleo.
La responsabilidad económica fue atribuida a la Corporación Comunitaria Juntas de Acción Comunal Área de Influencia Directa San Isidro de Chichimene y a quien era su presidenta en ese momento, Sandra Patricia Ruiz Riaño.
Además de la reparación por los perjuicios ocasionados, el fallo ordenó el pago de las costas correspondientes al proceso.
La decisión deja un mensaje claro: aunque la protesta es un derecho protegido constitucionalmente, los bloqueos que ocasionen daños económicos demostrables pueden derivar en responsabilidades judiciales y obligaciones de indemnización.
