Asistimos a un doloroso pero indispensable choque de realidad fiscal. La radicación del Presupuesto General para 2027 por parte de Miguel Gómez, ministro de Hacienda, no es un trámite legislativo ordinario; es el acta de defunción de los espejismos populistas que pretendieron, durante años, que la riqueza estatal se crea por decreto y que el gasto público carece de límites.
Como tantas veces advertimos desde nuestras tribunas de análisis, el desborde burocrático, la asfixia al aparato productivo y la corrupción, terminan siempre cobrando factura. Y la cuenta de cobro que hoy nos presenta el Ministro muestra un panorama dantesco.
El diagnóstico oficial es una vergüenza macroeconómica que debería sonrojar a quienes administraron el erario hasta hace un mes. El déficit fiscal que se hereda cabalga en niveles insostenibles y es una anomalía sin precedentes históricos. Para 2026, el déficit primario esperado se elevó del 2,1% fijado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo a un preocupante 3,3% del PIB. Peor aún, el deterioro para 2027 es dramático, saltando a un pavoroso 4,5% del PIB.
Como bien señala Luis Fernando Mejía, el primer paso para enfrentar una tragedia es reconocer la realidad: un Estado que no solo gasta más de lo que recibe, sino que en términos estructurales ha venido duplicando su desbalance sin un soporte real de ingresos. Ante semejante abismo, la propuesta del ministro Gómez de fijar un monto de 634,9 billones de pesos para el 2027 debe mirarse con lupa quirúrgica, reconociendo su crudeza pero también exigiendo coherencia. Es cierto que el monto nominal se eleva en casi 60 billones respecto al inviable borrador de presupuesto heredado del gobierno anterior, porque la administración saliente incurrió en la irresponsabilidad de maquillar las cuentas y esconder la basura debajo de la alfombra. No estamos ante 60 billones de derroche nuevo, son 60 billones de obligaciones subpresupuestadas que estaban ocultas y, me temo, escondidas. Eventualidad que, en caso de confirmarse, debería dar paso a las denuncias penales pertinentes.
El Ministro ha optado por un «presupuesto de la verdad», sacando a la luz los pasivos que pretendían ignorarse: un faltante criminal de 8 billones de pesos para pensiones, 4 billones para salud, 5,8 billones para subsidios eléctricos mínimos, 3,6 billones para contribuciones fiscales de nómina, la financiación de las elecciones regionales y el hueco de 9,6 billones del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. La desidia petrista llegó al punto de reportar falsamente 99.001 cargos públicos cuando la nómina real asciende a 107.927
La valiente sensatez de sincerar la contabilidad no disminuye la gravedad de la cifra absoluta ni las alarmas sobre las fuentes de financiación. Pasar a un presupuesto de 634,9 billones de pesos implica un aumento sustancial de las necesidades de emisión de deuda que ya tiene niveles asfixiantes. La nueva propuesta contempla 238,6 billones de pesos en deuda —desglosados en 150,9 billones de deuda interna y 87,7 billones de deuda externa—, muy por encima de los 125,6 billones contemplados originalmente. El servicio de la deuda total para 2027 morderá la colosal cifra de 155,4 billones de pesos, un crecimiento del 54,7% frente a 2026.
Esta asfixiante prioridad financiera termina sacrificando el motor productivo de la nación, reduciendo el rubro de inversión a escasos 86,9 billones de pesos. Menos obras y menos desarrollo, todo para pagar los platos rotos del derroche, el clientelismo y la corrupción del régimen anterior. Aquí es donde la visión de austeridad radical cobra vigencia: la única salvación sostenible pasa por un recorte agresivo del gasto estatal no productivo. Ante la pérdida de grado por las calificadoras internacionales, el camino apunta a buscar un paquete con organismos multilaterales (Banco Mundial, BID, CAF y el FMI) mediante garantías parciales para movilizar créditos. El Congreso tiene la inmensa responsabilidad histórica de no claudicar. La austeridad, el achicamiento de un Estado hipertrofiado y el combate decidido a la corrupción son las únicas herramientas para rescatar a Colombia.
*Senador
