El arreglo apareció antes de iniciar la jornada laboral frente a la sede de la entidad, y estaba acompañado del mensaje: “Equipo Indígena Q.E.P.D P/M”. Con las características de la mujer que habría dejado el elemento, las autoridades tratan de dar con su paradero.
El CTI de la Fiscalía y la Policía investigan si la intimidación tendría relación con la entrega de 300 hectáreas que anteriormente estaban en posesión de campesinos a favor de un resguardo indígena.
Una situación que generó preocupación se registró durante las primeras horas de la mañana de ayer en las oficinas de la Unidad de Restitución de Tierras en Santa Marta, hasta donde llegó una corona fúnebre acompañada de un mensaje amenazante que llevó a las autoridades a activar de inmediato los protocolos de seguridad.
El hallazgo del arreglo se produjo en la terraza de las instalaciones a cargo de funcionarios cuando apenas comenzaban su jornada laboral, y ante lo que representaba un mensaje intimidatorio, dieron aviso a las
a las autoridades. De inmediato, investigadores del CTI de la Fiscalía llegaron al lugar para adelantar las primeras diligencias y recopilar informaciones con el enlace de seguridad que permitiera establecer quién estuvo detrás del episodio.
Según la información conocida, el elemento habría sido llevado a eso de las 7:00 a.m., por una mujer, quien vestía gorra, gafas oscuras, tapabocas, blusa azul y buzo negro.
En las imágenes que circularon en redes sociales se puede observar cómo la corona de flores fue dejada en la entrada de la sede, y encima de esta, el mensaje intimidante que decía: “Equipo Indígena Q.E.P.D P/M”.
Agentes del CTI de la Fiscalía que asumieron el caso, analizan una línea sobre la entrega de 300 hectáreas que estaban en posesión de campesinos a favor de un resguardo indígena y que la amenaza sería contra el equipo de Asuntos Étnicos de la entidad.
Las autoridades descartaron que el hecho estuviera dirigido contra el que fue hasta hace poco el director de la URT Seccional, José Humberto Torres, quien tiene un robusto esquema de protección estatal tras tener medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Los investigadores judiciales avanzan en las labores de verificación y recolección de material probatorio para establecer la procedencia, finalidad y posibles responsables de este caso.
