El exdirector territorial José Humberto Torres reportó avances superiores al 80 % en las principales metas de 2026, incluyendo procesos administrativos, demandas judiciales y proyectos productivos para víctimas
Luego de 18 meses al frente de la Dirección Territorial de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) en los departamentos de Magdalena y Atlántico, el abogado defensor de derechos humanos José Humberto Torres presentó su renuncia irrevocable al cargo, dejando un balance de gestión que incluye avances en procesos administrativos, judiciales, proyectos productivos y restitución de derechos territoriales de comunidades campesinas y étnicas.
Torres comunicó su decisión al cierre de su periodo al frente de la entidad y, en su mensaje de despedida, señaló que se retira con la satisfacción del deber cumplido. Durante su gestión, afirmó, uno de los propósitos centrales fue fortalecer la relación con las víctimas y avanzar en procesos encaminados no solamente a la restitución de predios, sino también a la recuperación de los proyectos de vida de las personas y comunidades afectadas por el despojo y el abandono forzado de tierras.
De acuerdo con el balance entregado al cierre de su administración, uno de los componentes desarrollados durante este periodo estuvo relacionado con la implementación de proyectos productivos destinados a acompañar el retorno y la permanencia de las víctimas en los predios restituidos.
$4.200 MILLONES PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS
Entre los resultados reportados por la Dirección Territorial se encuentra la asignación de $4.200 millones para garantizar el retorno digno de las víctimas, recursos destinados a la ejecución de proyectos productivos en predios que fueron objeto de procesos de restitución.
Estos recursos hacen parte de las acciones desarrolladas durante la etapa posfallo, orientadas a generar condiciones para que los beneficiarios puedan desarrollar actividades productivas en los terrenos restituidos y avanzar en la recuperación de sus medios de vida.
La Dirección Territorial también avanzó en el diseño e implementación de iniciativas relacionadas con seguridad alimentaria y generación de ingresos para las víctimas. Dentro de este proceso se destaca la puesta en marcha de 32 proyectos productivos urbanos y 53 proyectos productivos rurales.
De acuerdo con el balance de la entidad, estas iniciativas fueron desarrolladas como parte de las acciones de reparación integral y acompañamiento a las víctimas, teniendo en cuenta las condiciones de los beneficiarios y las características de los territorios donde se encuentran ubicados los predios restituidos.
En materia de cumplimiento de metas para 2026, la territorial tenía establecido el diseño de 40 proyectos productivos. Al 30 de agosto, 33 se encontraban aprobados, lo que representa un avance del 83 % frente a la meta anual establecida.
AVANCES EN ETAPA ADMINISTRATIVA
Otro de los aspectos destacados por Torres al finalizar su gestión corresponde a los resultados alcanzados en los trámites de la etapa administrativa de los procesos de restitución.
Según el balance presentado, durante los primeros ocho meses de 2026, la Dirección Territorial Magdalena y Atlántico subió al Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (RTDAF) un total de 219 decisiones.
Esta cifra representa un avance del 84,5 % frente a la meta anual establecida para 2026, que corresponde a 259 decisiones. El registro constituye una de las etapas dentro del proceso de restitución y permite avanzar posteriormente hacia las actuaciones judiciales cuando corresponde.
Torres señaló que uno de los propósitos durante su administración fue agilizar los procedimientos y demostrar que los procesos de restitución pueden avanzar en periodos más cortos, sin que necesariamente las víctimas tengan que esperar varios años para obtener una respuesta institucional frente a sus solicitudes.
El exdirector destacó que los resultados alcanzados durante el periodo de su gestión evidencian avances en los procedimientos administrativos y en el traslado de casos hacia la etapa judicial, de acuerdo con las características y condiciones de cada proceso.
225 DEMANDAS RADICADAS EN 2026
En la etapa judicial, la Dirección Territorial también reportó avances durante los primeros ocho meses del año. Para 2026, la meta anual establecida era de 255 demandas y, al corte del 30 de agosto, se habían radicado 225.
La cifra representa un cumplimiento del 87 % de la meta anual establecida para esta etapa. Las demandas corresponden a procesos de restitución que, luego de cumplir los procedimientos administrativos correspondientes, fueron llevados ante los jueces especializados.
Dentro de este componente se encuentran procesos individuales y colectivos relacionados con comunidades campesinas, afrocolombianas e indígenas de Magdalena y Atlántico.
El avance de los procesos judiciales representa una de las líneas de trabajo desarrolladas por la territorial durante el periodo de Torres, especialmente en los casos en los que se logró culminar la etapa administrativa y presentar las respectivas solicitudes ante los despachos judiciales.
MÁS DE 26.000 HECTÁREAS EN DEMANDAS COLECTIVAS
Uno de los componentes destacados durante la gestión corresponde a los procesos de restitución de territorios colectivos de comunidades étnicas.
Luego de completar los trámites de la etapa administrativa, fueron solicitadas judicialmente más de 26.000 hectáreas de territorios colectivos en favor de comunidades étnicas de Magdalena y Atlántico.
De acuerdo con el balance presentado, durante este periodo la entidad llevó por primera vez a la etapa judicial 13 procesos tramitados mediante ruta colectiva desde la entrada en vigencia de la Ley 1448 de 2011, conocida como Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.
Estas acciones están encaminadas a la restitución de derechos étnico-territoriales de comunidades afectadas por hechos relacionados con el conflicto armado y buscan que los jueces especializados analicen las solicitudes presentadas por la Unidad.
PROCESOS CAMPESINOS EN ZONA BANANERA
Dentro de los casos destacados durante la gestión, también se encuentra el proceso adelantado con la Asociación de Usuarios Campesinos Retornados a Las Franciscas (AUCREFRAN), en el municipio de Zona Bananera.
Después de seis años de espera, la comunidad campesina recibió los certificados de tradición y libertad correspondientes a 130 hectáreas. La entrega de estos documentos permitió avanzar en la formalización de la situación jurídica de los predios relacionados con el proceso de restitución.
Otro de los procesos desarrollados en Zona Bananera corresponde a la Cooperativa Integral de Agricultores de Varela (COOIAGIVAR), cuyos trámites avanzaron con la radicación de demandas individuales y colectivas.
Las acciones judiciales relacionadas con este proceso benefician a más de 75 familias y buscan recuperar el proyecto cooperativo de los parceleros vinculados al predio denominado La Marcela, con una extensión aproximada de 200 hectáreas.
Heladio Tercero Mendoza, solicitante de restitución de tierras del predio La Marcela, destacó el avance alcanzado durante el periodo reciente. “Esta administración avanzó en 3 meses lo que no se hizo en 10 años”, manifestó.
La territorial también reportó avances en procesos relacionados con parceleros agrupados en comunidades de Magdalena, entre ellos el sujeto colectivo Santa Bárbara, en Pivijay, y beneficiarios de restitución ubicados en Santa Rita, municipio de Remolino.
RESTITUCIÓN DE DERECHOS TERRITORIALES EN ATLÁNTICO
En el departamento del Atlántico, los procesos relacionados con comunidades afrocolombianas también hicieron parte de las actuaciones judiciales adelantadas por la territorial.
Uno de los procesos destacados corresponde a la primera demanda de restitución presentada para solicitar la declaratoria de la Laguna de Luruaco como víctima del conflicto y como sujeto de derechos.
La URT, en representación de comunidades negras de ambos departamentos, radicó siete demandas durante el periodo reportado. De estas, cuatro fueron admitidas por jueces especializados en restitución de Santa Marta.
A la fecha del balance, cerca de 200 hectáreas se encuentran en etapa de admisión judicial, mientras continúan los trámites relacionados con los procesos de restitución promovidos en favor de comunidades afrocolombianas del Atlántico.
Estos procesos hacen parte de las acciones colectivas adelantadas por la entidad para atender solicitudes relacionadas con territorios y comunidades afectadas por hechos asociados al conflicto armado.
DEMANDAS EN LOS TERRITORIOS INDÍGENAS
Los procesos relacionados con comunidades indígenas también hacen parte del balance de la Dirección Territorial Magdalena y Atlántico.
Durante el periodo de gestión de Torres fueron radicadas demandas en favor de las comunidades indígenas del Resguardo Arhuaco de la Sierra Nevada y del Resguardo Kogui Malayo Arhuaco.
Las acciones judiciales buscan avanzar en la restitución de derechos territoriales de comunidades indígenas afectadas por hechos relacionados con el conflicto armado. Los procesos actualmente se encuentran en los despachos judiciales correspondientes para continuar con las etapas establecidas dentro de la Ley 1448 de 2011 y las normas aplicables a la restitución de derechos territoriales étnicos.
Estos casos se suman a las demandas colectivas presentadas durante el periodo y a las más de 26.000 hectáreas de territorios colectivos que fueron llevadas a la etapa judicial en Magdalena y Atlántico.
BALANCE DE GESTIÓN EN 2026
De acuerdo con el balance presentado por la Dirección Territorial, durante los primeros ocho meses de 2026 se registraron avances superiores al 80 % en las principales metas establecidas para la vigencia.
En la etapa administrativa se reportaron 219 decisiones incorporadas al Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente, frente a una meta anual de 259, equivalente a un cumplimiento del 84,5 %.
En la etapa judicial fueron radicadas 225 demandas de una meta de 255 establecida para todo el año, lo que representa un avance del 87 %.
En cuanto a los proyectos productivos, la meta anual correspondía al diseño de 40 iniciativas. Al 30 de agosto se habían aprobado 33, equivalente al 83 % de cumplimiento de la meta establecida para la etapa posfallo.
Estos resultados hacen parte del balance con el que José Humberto Torres deja la Dirección Territorial de la Unidad de Restitución de Tierras en Magdalena y Atlántico, luego de 18 meses de gestión.
Al presentar su renuncia irrevocable, el abogado defensor de derechos humanos señaló que deja la entidad con la satisfacción del deber cumplido y destacó como uno de los principales propósitos de su administración el acompañamiento a las víctimas y el avance de procesos orientados a la restitución de sus derechos y a la recuperación de sus proyectos de vida.
