Expertos advierten un cambio frente a la administración pasada en dos temas sensibles que han retado a De La Espriella en sus primeras semanas.
“Dando cumplimiento al fallo de tutela proferido el 26 de agosto de 2026 por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Bogotá, me permito señalar que (…) aunque me identifico como creyente, soy católico, respeto la separación entre la Iglesia y el Estado y garantizaré, en el marco de mis funciones, las libertades y los derechos de todos los colombianos (…) Si este acto pudo generar incomodidad o se ofendió a alguna persona, en mi condición de jefe de Estado ofrezco excusas por ello”.
En estos términos, aunque precedido por un “¡Viva Cristo Rey!”, el presidente Abelardo De La Espriella cumplió un fallo de tutela que le ordenaba disculparse públicamente por los actos religiosos que celebró durante su posesión presidencial, el pasado 7 de agosto, y que, para el juez, atropellaron el derecho fundamental a la libertad de credo.
Este acatamiento, aunque según algunos expertos fue “parcial”, dejó lecturas positivas al marcar un viraje frente a la respuesta que solía tener el expresidente Gustavo Petro ante este tipo de órdenes judiciales. La administración pasada estuvo marcada por una relación fracturada con la Rama Judicial y por los cuestionamientos del entonces mandatario a los fallos que le eran adversos, una dinámica que De La Espriella, como ha reiterado en varios de sus discursos, se propuso revertir. Este fallo fue uno de sus primeros retos en ese propósito.
“El presidente efectivamente sí acató la orden judicial, cosa que no veíamos con las múltiples tutelas interpuestas contra el presidente Gustavo Petro. Pero lo de ayer fue extraño porque acató, pero desafió la orden judicial: tras pedir perdón, terminó con un ‘¡Viva Cristo Rey!’. Ahora, Petro atacaba y no acataba, pero tampoco estamos en el ideal republicano en el que se acata plenamente una orden de un juez”, le dijo a este diario el analista y columnista político Gabriel Cifuentes.
El manejo de la información sobre los niños víctimas de reclutamiento asesinados en bombardeos
Otro de los temas sensibles que ha retado al nuevo Gobierno fue la muerte de los primeros tres niños víctimas de reclutamiento en operaciones de bombardeo ordenadas contra grupos armados.
El pasado domingo 30 de agosto, Medicina Legal confirmó una información revelada por EL TIEMPO: entre los nueve cuerpos recuperados por la Fuerza Pública tras el bombardeo contra las disidencias de ‘Calarcá’, en Guaviare, había tres adolescentes, uno de 15 y dos de 16 años.
La muerte de niños y niñas víctimas de reclutamiento en este tipo de operaciones de la Fuerza Pública ha generado rechazo y un alto costo político en gobiernos pasados, al punto de llevar a ministros de Defensa a enfrentar mociones de censura.
En el gobierno Petro, sin embargo, hubo una contradicción. Aunque el exmandatario había ordenado suspender las operaciones ‘beta’ en campamentos donde hubiera presencia de menores, partiendo de análisis de Inteligencia que advertían que los niños eran utilizados por los grupos armados como escudos humanos, finalmente se volvió a utilizar la fuerza letal del Estado en estas operaciones, que dejaron más de 60 menores de edad muertos. Esta información, en principio, no fue comunicada oficialmente, lo que terminó elevando el costo político.
“En el tema de los bombardeos hay una diferencia, porque el presidente Gustavo Petro dijo que suspendía estas operaciones en los campamentos donde había presencia de menores, pero, aun así, hubo más de 60 niños que murieron en ellos. De La Espriella ha comunicado de frente que utilizará la fuerza letal del Estado y responsabilizó a los grupos armados del reclutamiento de menores, que ha venido en aumento, como lo documentó Human Rights Watch”, agregó Cifuentes.
Por su parte, el columnista Pedro Medellín señaló que las Fuerzas Armadas atraviesan un proceso de sincronización de operaciones binacionales con Estados Unidos y Ecuador y de adecuación de sus capacidades. En ese nuevo escenario, aseguró, los bombardeos serán “la punta de lanza” de las operaciones contra los grupos armados.
Medellín también marcó una diferencia frente a la administración anterior. A su juicio, durante el gobierno Petro, así como hubo un congelamiento de las operaciones, también lo hubo de la información, lo que dificultó conocer lo que estaba ocurriendo en los territorios.
El reto, además, se da en medio de un panorama creciente de reclutamiento de menores. Según cifras de la Defensoría del Pueblo, entre el 1.º de enero y el 31 de julio de 2026 fueron identificados 97 casos de reclutamiento forzado, con Cauca, Norte de Santander y Nariño como los departamentos con mayor número de registros.
La cifra se suma a los 428 casos documentados en 2025 y los 684 reportados en 2024. Ante este panorama, la Defensoría hizo un nuevo llamado a los grupos armados para detener esta práctica: “Nada justifica vulnerar los derechos de quienes representan el presente y futuro del país”, señaló la entidad.
/EL TIEMPO
