Me he sumergido en la lectura de las 115 páginas que comprende el Libro de la Verdad que el gobierno de ADLE presentó hace pocos días ante las autoridades de control fiscal y ante la ciudadanía.
El libro recoge las conclusiones de la nueva administración sobre del traumático empalme anticorrupción que adelantó con la administración Petro. Debería mejor llamarse “el recetario de un mal gobierno” pues su contenido es pasmoso e impresionante. No todo lo que contiene este informe es corrupción: pero todo lo que hay allí es el recetario de un mal gobierno.
El que quiera enterarse sobre los estragos que le puede causar a un país los designios improvisadores e irresponsables de un mal gobierno- como fue el de Petro- le bastará leer estas escalofriantes 115 páginas.
Voy a referirme a un solo aspecto de los muchos que destila este informe: el afán de la administración Petro, durante sus últimas semanas, por contratar epilépticamente.
Buscando dejar atadas las manos del nuevo gobierno, lo que logró la administración saliente fue causarle un mal adicional a las finanzas públicas que bien estropeadas las entregó.
Según “Transparencia por Colombia” en los últimos dos meses del gobierno Petro se firmaron frenéticamente cerca de 50.000 contratos por valor cercano a los $ 7,6 billones.
El Libro de la Verdad trae varios ejemplos ilustrativos de este afán contractual de los días finales de la administración Petro. Fue tal el desespero contractual que habilitaron varios días festivos de finales de julio y comienzos de agosto para suscribir contratos, pues los horarios usuales parece que no fueron suficientes para despachar la orgía contractual del gobierno saliente.
Ahora bien: como por razón de la crisis fiscal inducida por la descuidada política fiscal de la administración Petro, que en los últimos meses de su mandato estuvo gastando en promedio $40 billones por mes mientras que los ingresos tributarios eran solamente de $ 28 billones -también por mes- la caja del Estado colombiano se vio reducida a su mínima expresión. Y todavía continúa en ese estado cataléptico.
Y cuando no hay caja los contratos se quedan firmados y no se traducen en ejecuciones efectivas. De allí los bajísimos índices de ejecución de las diversas dependencias del Estado de las que da cuenta también el Libro de la Verdad.
Algunos ejemplos:
-Entre 2022 y 2026 La UNGRD, además de lo que se robaron, solo había ejecutado el 4,3% de sus compromisos presupuestales.
-La ejecución de la inversión pública (infraestructura) cayó del 76,3% en 2023 al 37,33% en 2025.
¿Qué sucede- presupuestalmente hablando -cuando se firma un contrato por la administración pública que no se puede ejecutar por falta de caja? Pues que pasan de una vigencia a otra lo que se llama Reservas de apropiación o Reservas presupuestales. Estas reservas aterrizan en el presupuesto del año subsiguiente a aquel en que no se pudieron ejecutar los contratos correspondientes. Entran como apropiaciones privilegiadas de gasto en siguiente presupuesto.
Del año 2025 pasaron como reservas presupuestales al 2026 cerca de $48 billones. Es lo que se conoce como rezago presupuestal. Y del 2026 al 2027 teniendo en cuenta la orgía presupuestal de las últimas semanas y el agravamiento de la situación de caja, no es aventurado pronosticar que el rezago que pasará para el presupuesto del 2027 rondará los $60 o $70 billones. Los datos definitivos se conocerán al finalizar el año en curso.
Estas reservas de apropiaciones que aterrizan en el año subsiguiente, o sea, en el primer año del gobierno De la Espriella, reducen el margen de maniobra de la nueva administración para plasmar sus prioridades en el presupuesto de la vigencia 2027, pues primero debe dársele cumplimiento a las obligaciones contraídas por el gobierno anterior en los contratos que suscribió pero que no pudo ejecutar.
Por todas estas razones resulta urgente que las autoridades administrativas, la contraloría y la fiscalía se pronunciaran pronto sobre estos contratos de la feria contractual en la que embarcó al país la administración Petro. A fin de establecer cuáles de dichos contratos de que da cuenta también el Libro de la Verdad (muchos de los cuales se firmaron sin respetar las normas más elementales de la contratación pública) pueden rescindirse o anularse.
Esto es especialmente apremiante cuando el gobierno ADLE ha anunciado, además, que destinará $10 billones para financiar un plan de emergencia para estabilizar el sistema de salud que está haciendo agua; y cuando debe empezar a hacerle frente a los gastos para la reconstrucción del terremoto del 10 de agosto cuyos gastos iniciales deberán empezar a reflejarse en el presupuesto de la próxima vigencia.
*Exministro de Estado
