Un deterioro de la situación de seguridad en la subregión del San Juan, en Chocó, con enfrentamientos entre el Clan del Golfo y el ELN que han dejado a cerca de 3.000 personas confinadas y provocado nuevos desplazamientos forzados, denunció la Defensoría del Pueblo, que le recordó a ambos grupos armados su deber inderogable de respetar el Derecho Internacional Humanitario y los principios de distinción y precaución, y de abstenerse de poner en riesgo la vida, la integridad y la movilidad de la población civil.
Según la entidad, la situación en el departamento se agravó desde el pasado 10 de agosto, tras el terremoto que sacudió la región, luego de constatar la presencia, durante tres días, de integrantes del Clan del Golfo en la comunidad de San Agustín, en Sipí, quienes restringieron la movilidad e impidieron las actividades tradicionales de producción de la población, además de información sobre el avance de ese grupo desde Boca de Sipí hacia las inmediaciones de Puerto Murillo, en Medio San Juan.
Posteriormente, la entidad documentó enfrentamientos entre el Clan del Golfo y el ELN en el territorio étnico del Consejo Comunitario General del San Juan (Acadesan) y en zonas rurales de Nóvita y Sipí, incluido el uso de drones con explosivos.
El 23 de agosto, se registraron ataques con drones en Charco Hondo, Sipí, que dejaron tres civiles heridos y provocaron el desplazamiento forzado de 65 familias hacia Barrancón. De manera preliminar, la Defensoría reportó que 652 familias —cerca de 3.000 personas— permanecen confinadas en Barrancón, Charco Hondo y Charco Largo, en Sipí, y en Torrá, Cajón y Santa Bárbara, en Nóvita.
Durante una misión humanitaria realizada el 25 de agosto en el corredor Nóvita-Sipí, la entidad verificó graves daños en viviendas y bienes colectivos causados por explosivos y ráfagas de fuego, así como afectaciones psicológicas severas en la población.
La Defensoría acompañó además el traslado de 40 personas desplazadas desde Torrá hacia Nóvita e Istmina —algunas de las cuales continuaron hacia otros lugares del país—, verificó las condiciones del albergue de Acadesan en Istmina, afectado también por el terremoto, y brindó orientación a una persona herida para garantizar su atención médica.
A estos hechos se suma el desplazamiento forzado de comunidades indígenas ubicadas en los kilómetros 18 y 90 de la vía Quibdó-Medellín, ante el incremento de actividades de ambos grupos armados, así como una mayor presencia del Clan del Golfo en la parte baja del río Tamaná, que afecta a Paimadó, Tamaná, San Gerónimo, Playa del Rosario, El Tigre y El Guamo, en Medio San Juan, generando zozobra y restricciones a la movilidad, con un reporte adicional de 129 familias, equivalentes a 301 personas.
Ante este panorama, la Defensoría solicitó al Gobierno, a la Gobernación del Chocó y a las alcaldías municipales activar de manera inmediata las rutas de atención humanitaria, garantizar condiciones seguras para el desplazamiento de la población y avanzar con celeridad en la caracterización y atención integral de las víctimas, incluida la provisión de alimentación, salud, protección y alojamiento temporal.
Urgió además a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) priorizar y culminar el censo de personas afectadas por el terremoto en las zonas rurales, y garantizar el acceso de la ayuda humanitaria a las comunidades aisladas.
/COLPRENSA
