Demandan de manera creciente los asociados acciones gubernamentales permanentes que restablezcan el orden, a fin de que no se sigan alargando y profundizando las penurias ciudadanas en las regiones principalmente afectadas y en el país en general, que acusan resentimiento y crisis en su economía, y demás otros órdenes que prolijo sería enumerar.
El nuevo gobierno no puede dejar que crezcan los bloqueos sin actuar oportunamente, como tampoco autoimponerse, a la usanza del gobierno que termina, connivencias y limitaciones en su actuación. No más temores sino acciones más decididas de la Fuerza Pública, a efecto que no escalen los conflictos y de produzcan pérdidas humanas, como lo desean y quieren las organizaciones sindicales y políticas que pretenden incendiar el país y multiplicar el conflicto., situación que puede generar impredecibles consecuencias que nos sumiría en una crisis económica y social, lo mismo que profundizando la división social y regional a niveles extremos, , lo que debe asumirse con responsabilidad, liberar las rutas estratégicas, aliviar la situación, permitir el flujo de mercancías y de personas. Se trata de garantizar el tránsito vehicular por rutas alternas para quitar efectividad y contundencia al conflicto son necesarias e imprescindibles, puesto que se están también perdiendo vidas humanas por la falta de traslado oportuno de pacientes hacía los centros hospitalarios, además de las carencias alimenticias que están sufriendo los distintos sectores ciudadanos, especialmente los estratos de menores ingresos.
Impone todo lo cual, la necesidad de limitar progresivamente las acciones contrarias a lo que debe ser un transcurrir tranquilo y en paz, sin medidas de presión desbordadas que afectan con los días el costo para la vida de los ciudadanos, lo que obliga decidir y tomar las operaciones correspondientes con la autoridad y el profesionalismo que deben caracterizar a las fuerzas responsables de garantizar la seguridad pública; más, cuando luego de este nefasto mandato, por fortuna ya ido, ha surgido como nueva demanda ciudadana, el clamor por un gobierno que garantice el orden y los derechos fundamentales de los ciudadanos frente al abuso y la violencia de los quienes pretenden subvertir el sano orden y la convivencia comunitaria.
El orden hay que restituirlo, entender que la paciencia tiene un límite, y creemos que ese límite finalmente ha llegado, que debe hacerse lo necesario para lograrlo, marcar de manera importante y urgente puntos de inflexión ante cualquier crisis que vuelva a amenazar con desbordar al país. Tomarse el control de los sitios avasallados, mostrar firmeza, intervenir, enviar señales políticas contundentes, que se entienda que la nueva administración no está improvisando ni jugando, sino que ha llegado para gobernar bien y mejor.
El orden tiene que restituirse, ser respaldado, basta ya de chantajes en cualquier rincón de la patria y agotar las vías de negociación logrando acuerdos totales. Prudentes sí, pero no tanto y menos extendido en el tiempo, lo que lleva a la contemplación excesiva; y si bien la prudencia es una virtud democrática, jamás debe traducirse en la capitulación o ausencia del Estado. No más intentos de desestabilizaciones abiertas disfrazadas de protesta social, con lo que se ha pretendido con verdadero propósito, construir escudos de impunidad para adelantar acciones delictivas.
No más auspiciar oportunidades de diálogo, a la postre inútiles, ya que toda racionalidad claudica ante la agenda intransigente de ilegítimos manifestantes que añoran cada día y cada vez, más privilegios y prebendas. Colombia tiene que blindarse ante estos atropellos y asfixiantes planes que infligen daño al libre tránsito y al abastecimiento, y en consecuencia, buscar internacional y democráticamente que los países del “Escudo de las Américas”, liderados por Estados Unidos, adviertan y señalen dichas movilizaciones como receptoras de financiamiento por parte del narcotráfico y el crimen transnacional.
Es poner en aplicación las normas como herramientas jurídicas contundentes para decretar las medidas pertinentes, principalmente en las regiones convulsionadas, que ponen en peligro la seguridad del Estado y la conmoción interna. Tiene que entrar a demostrar el gobierno que tiene la capacidad y la obligación de actuar, restablecer sí o sí la normalidad, el suministro de alimentos y establecer el imperio de la ley con las autoridades en municipios y carreteras de forma sostenida para que el país pueda respirar sin sobresaltos.
*Abogado*Periodista
