La Corte Constitucional se encuentra desde ayer en La Guajira realizando una visita de inspección para verificar el cumplimiento que se ha dado a la sentencia T-302 de 2017, en la que se dictaron una serie de órdenes para garantizar el acceso al agua, la salud y la seguridad alimentaria de niñas y niños Wayuu.
La visita está siendo acompañada por la Procuraduría, que ha advertido sobre la necesidad de fortalecer la articulación de las entidades nacionales y locales de Uribia, Maicao, Manaure y Riohacha, para llevar los servicios de salud y educación, entre otros, a las comunidades de la zona.
La Sentencia T-302 de 2017 encontró un estado de cosas inconstitucional en La Guajira y una violación sistemática y generalizada de los derechos fundamentales de los niños y niñas del pueblo indígena Wayúu por los casos de desnutrición, falta de acceso a agua potable y fallas en los servicios de salud que se presentan en ese territorio.
Casi 10 años después, la Corte y la Procuraduría han encontrado que hay fallas institucionales que dificultan el cumplimiento de la decisión.
La Corte continuará haciendo seguimiento a la sentencia hasta que se garantice que las niñas y niños Wayuu puedan desarrollar su vida, en condiciones dignas, como las que deben tener todas las niñas y niños del país.
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