La Contraloría General de la República reportó que 13.282 personas y empresas que aparecen como deudoras morosas del Estado recibieron pagos por $124,9 billones de recursos públicos entre diciembre de 2025 y mayo de 2026, mientras mantenían obligaciones pendientes por cerca de $20,9 billones, según la revisión realizada por la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI) sobre el Boletín de Deudores Morosos del Estado (BDME).
La revisión también encontró que 20.238 personas y organizaciones reportadas como morosas celebraron contratos con entidades públicas por $16,3 billones durante el mismo periodo, pese a acumular deudas con el Estado por aproximadamente $11,8 billones.
Según la información, con corte al 31 de mayo de 2026, la cartera no está siendo reportada por todas las entidades obligadas, ya que, de las 6.398 entidades estatales identificadas por la Contraloría, solo 2.545, equivalentes al 39,78%, han reportado cartera al BDME desde 2019. Las otras 3.853 entidades, el 60,22%, no registran reportes en ese periodo.
Otro de los puntos que llamó la atención del organismo de control es la concentración de la deuda, pues las 20 entidades con los mayores saldos reúnen cerca de $135,8 billones, equivalentes al 82% de toda la cartera registrada.
Entre los cinco mayores acreedores aparecen el Consejo Superior de la Judicatura, con cerca de $49.765 millones; la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), con aproximadamente $37.493 millones; la Central de Inversiones S.A., con $12.526 millones; Bogotá D.C., con $7.613 millones, y la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, con cerca de $6.564 millones.
Según la revisión, alrededor de $65 billones corresponden a deudas con cinco años o más, mientras que otros $100,64 billones tienen una antigüedad inferior a cinco años. Para la Contraloría, las obligaciones más antiguas requieren especial seguimiento por los riesgos asociados a la pérdida de oportunidad para cobrarlas y a una eventual prescripción.
El organismo de control encontró, además, que más del 70% del valor de las deudas retiradas del boletín estuvo relacionado con procesos de depuración, por aproximadamente $26,4 billones.
A partir de los resultados, la entidad anunció que utilizará la información para focalizar futuras acciones de vigilancia sobre las entidades que concentran los mayores niveles de cartera, las obligaciones más antiguas y los casos detectados mediante cruces con otras bases oficiales.
