Cuatro de los cinco magistrados que integran la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia remitieron a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes y a la Procuraduría General de la Nación un memorial de la defensa de la senadora Marta Isabel Peralta Epiayú, en el que se advierten posibles irregularidades en el trámite del proceso que se adelanta en su contra.
La información fue revelada por Daniel Coronell en el Reporte Coronell, donde explicó que los magistrados Francisco Javier Farfán Molina, Marco Antonio Rueda, César Augusto Reyes y Misael Fernando Rodríguez enviaron la comunicación a esas autoridades para que determinen si los hechos denunciados por la defensa podrían tener consecuencias penales o disciplinarias.
El documento hace referencia a un memorial presentado el pasado 7 de julio de 2026 por el abogado Marlon Fernando Díaz Ortega, defensor de la senadora Peralta, dentro del proceso que adelanta la Sala Especial de Instrucción.
Según lo revelado en el programa, en ese escrito la defensa señala posibles afectaciones al derecho de defensa y al debido proceso, además de presuntas irregularidades relacionadas con las actuaciones coercitivas adoptadas dentro del proceso.
Los cuatro magistrados consideran que los hechos descritos por el abogado deben ser revisados por las autoridades competentes. La comunicación no se refiere a la eventual responsabilidad de Peralta por los hechos de corrupción por los que es investigada, sino al trámite que ha tenido el proceso y al respeto de sus garantías procesales.
La actuación estaría relacionada con la magistrada Cristina Lombana, quien tiene a su cargo el proceso contra Peralta. De acuerdo con lo explicado por Coronell, los cuatro magistrados habrían considerado que algunas decisiones adoptadas por Lombana pudieron exceder las competencias que correspondían a la Sala de Instrucción en pleno.
En particular, la discusión estaría relacionada con las medidas coercitivas adoptadas para lograr la comparecencia de la senadora a una diligencia de indagatoria dentro del proceso por el caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Según la información divulgada, los magistrados que suscribieron la comunicación consideran que determinadas atribuciones no podían ser ejercidas individualmente por uno de los integrantes de la Sala, sino que debían ser consultadas y decididas por el órgano colegiado.
La defensa de Peralta ya había cuestionado decisiones adoptadas dentro del proceso y había alegado una posible vulneración de sus derechos, entre ellas por la demora en la definición de su situación jurídica.
Ahora, los cuatro magistrados de la Sala de Instrucción trasladaron esas inquietudes a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, que tiene competencia frente a eventuales conductas penales de magistrados de las altas cortes, y a la Procuraduría General de la Nación, para que determine si existe alguna responsabilidad disciplinaria.
La comunicación constituye un hecho inusual dentro de la Corte Suprema, pues cuatro integrantes de una misma Sala ponen en conocimiento de órganos externos posibles irregularidades relacionadas con las actuaciones de la quinta integrante, la magistrada Cristina Lombana.
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