La Procuraduría General de la Nación pidió a la Nueva EPS garantizar que los $203.356 millones que quedaron disponibles tras el levantamiento de varios embargos sean destinados a la atención de sus afiliados, especialmente en medio de la emergencia económica y social provocada por el terremoto del pasado 10 de agosto.
Los recursos estaban comprometidos por medidas cautelares dentro de 40 procesos judiciales que se tramitaban ante el Juzgado 26 Civil del Circuito de Bogotá. Tras la intervención de la Procuraduría, el despacho judicial ordenó levantar los embargos y los dineros volvieron a estar disponibles para la entidad.
El Ministerio Público solicitó al agente especial interventor de la Nueva EPS que estos recursos sean manejados de forma “efectiva, oportuna y transparente”, con el propósito de fortalecer la prestación de los servicios de salud y garantizar la continuidad de los tratamientos de los usuarios.
La Procuraduría también puso de presente el momento que atraviesa el sistema de salud por la emergencia derivada del terremoto del pasado 10 de agosto de 2026. En ese contexto, señaló que los recursos liberados deben contribuir a garantizar la atención de las personas afiliadas y, particularmente, de quienes puedan verse afectadas por la emergencia.
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