En medio de las audiencias en las que la Fiscalía General de la Nación solicita una medida de aseguramiento contra ocho presuntos implicados en la investigación por supuesto contrabando y lavado de activos relacionado con Lili Pink, la defensa de la organización cuestionó la actuación del ente investigador y alertó por la falta de avances en varias denuncias relacionadas con mercancía decomisada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN.
Según la defensa, “entre mayo y septiembre de 2023 la DIAN visitó la compañía y tras revisar menos del 1% de la mercancía objeto de fiscalización, decomisó la totalidad de la misma que correspondía a más de 3.000.000 de prendas avaluadas en $54.000 millones”. La compañía, de acuerdo con el mismo planteamiento, sostiene que “la mercancía contaba con toda la documentación exigida por la regulación vigente”.
La defensa aseguró que, a raíz de lo ocurrido, en 2023 la compañía presentó una denuncia penal ante la Fiscalía y demandó ante el Consejo de Estado los actos administrativos mediante los cuales se ordenó el decomiso de la mercancía.
El abogado agregó que en enero de 2026 la empresa detectó que parte de esa mercancía decomisada estaba siendo comercializada en establecimientos que, según la defensa, no estaban autorizados y no tenían vínculo con la marca.
“En enero de 2026 la compañía detectó que la mercancía decomisada en 2023 estaba siendo comercializada ilegalmente en tiendas no autorizadas y sin vínculo con la marca L. Por estos hechos se interpusieron dos nuevas denuncias penales”, señaló la defensa.
El cuestionamiento central está relacionado con el avance de esas investigaciones. Según la organización, “a la fecha, la Fiscalía no ha avanzado en las denuncias presentadas por la compañía en 2023 y 2026”.
Durante la audiencia, el abogado Bazanni aseguró: “Prendas revendidas ilegalmente en el mercado informal. No solamente están dañando la marca, sino que además el verdadero lavado de activos, el verdadero enriquecimiento ilícito sí que lo están cometiendo los funcionarios que revendieron esta mercancía”, afirmó el abogado.
En ese mismo sentido, cuestionó la hipótesis de la Fiscalía frente al supuesto lavado de activos: “A la Fiscalía le pareció brillante imputarle el delito de contrabando y de enriquecimiento ilícito y lavado de activos a todos estos señores por una mercancía que no se vendió. Si la mercancía fue aprehendida en su totalidad, dígame cómo se vendió y se convirtió en dinero y cómo después lavaron activos con ese dinero. Es imposible”.
El planteamiento de la defensa se conoce además en medio de las decisiones adoptadas por jueces de control de garantías sobre elementos probatorios de la investigación. En actuaciones anteriores, jueces han declarado ilegales pruebas obtenidas por la Fiscalía, mientras continúa el proceso judicial contra los nueve señalados.
Ahora, el proceso entra en una nueva etapa. La próxima semana, un juez deberá definir si impone o no una medida de aseguramiento contra los ocho investigados. La decisión determinará su situación jurídica mientras avanza la investigación por los hechos que les atribuye la Fiscalía.
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