El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella reveló que el Ejército Nacional afronta un déficit presupuestal de $14 billones para la vigencia 2026, una de las principales alertas encontradas durante el proceso de empalme en el sector Defensa. El diagnóstico advierte que la falta de recursos está acompañada por una reducción de capacidades operacionales, particularmente en la aviación del Ejército.
De acuerdo con el informe presentado por el nuevo Gobierno, solo ocho de los 19 helicópteros MI-17 están operacionales. A esto se suma la situación de la flota UH-60: de las 49 aeronaves, 18 no están disponibles por mantenimiento o falta de recursos, lo que limita una capacidad fundamental para el movimiento de tropas, operaciones y respuesta de la Fuerza Pública en diferentes regiones del país.
El diagnóstico señala que esta pérdida de capacidad ocurrió mientras las principales organizaciones armadas ilegales aumentaron su número de integrantes y su presencia territorial. El Clan del Golfo pasó de aproximadamente 5.500 integrantes en 2022 a 10.000 en 2025; el ELN pasó de cerca de 5.800 a 6.800 y el Estado Mayor Central, de 3.500 a 4.500 integrantes.
Para el nuevo Gobierno, la combinación entre restricciones presupuestales, aeronaves fuera de servicio y expansión de los grupos armados terminó afectando la capacidad de respuesta estatal en los territorios. El informe advierte que la reducción de aeronaves operativas limita la reacción frente a las amenazas, en un escenario en el que también aumentaron el desplazamiento forzado, el confinamiento de comunidades y el reclutamiento de menores.
El balance del sector Defensa, presentado por el ministro Jorge Eduardo Mora López, sostiene que el objetivo de la nueva administración será recuperar la capacidad operacional de las Fuerzas Militares y de Policía, fortalecer la presencia efectiva del Estado en el territorio y garantizar que los recursos destinados a seguridad se traduzcan en capacidades reales para la Fuerza Pública.
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