El expresidente Gustavo Petro reaccionó este miércoles al ‘Libro de la verdad’, el documento presentado y entregado por la administración del presidente Abelardo De La Espriella ante la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría y la Procuraduría para denunciar presuntas irregularidades en más de 20 sectores del Estado.
A través de su cuenta en la red social X, Petro afirmó que “no hay libro forense entregado por el presidente Abelardo a la Fiscalía”, restándole rigor jurídico e institucional al informe de empalme.
Además, aseguró que los “23 hechos» señalados por el nuevo Gobierno corresponden a “políticas públicas que hemos defendido y no son delito”.
“En donde haya algún delito, su merecido es la pena. Pero como pasó en Antioquia, el famoso libro blanco terminó sin acusados”, agregó en referencia al libro blanco presentado por Federico Gutiérrez sobre los presuntos casos de corrupción de Daniel Quintero, su antecesor, quien sigue en investigaciones por parte de las autoridades competentes.
El informe presentado el martes alerta principalmente sobre la “destrucción del rigor técnico” del gobierno Petro, puesto que, supuestamente, se reemplazó el mérito por “relaciones de conveniencia y dependencia política en los nombramientos”, lo que habría desencadenado errores en la gestión que favorecieron los actos de corrupción.
A eso se suman ocho “comportamientos críticos nocivos para el Estado”. Entre estos se encuentran: el colapso de la capacidad tecnológica, la opacidad y distorsión de la información pública, una parálisis operativa, la captura contractual y concentración del poder operativo, la expansión del riesgo litigioso, la pérdida de control territorial frente a economías criminales, la fragmentación del Estado y el fracaso de la conducción estratégica, y una capacidad fiscal restringida.
El documento está redactado a través de apartados que redactó cada uno de los ministros de De La Espriella frente a lo que encontró en su respectiva cartera. Además, hace énfasis en 10 casos que pusieron en riesgo la gestión del Estado colombiano.
Petro desconoce caso de corrupción en la UNGRD
El hallazgo más grave habría sido la baja gestión y ejecución de recursos en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Supuestamente, solo se ejecutó el 4,3 por ciento del presupuesto para el cuatrienio Petro, cuando se habían destinado 15,3 billones de pesos en toda la vigencia. También se alertó sobre la falta de reintegro de 240.766 millones del escándalo de los carrotanques de La Guajira.
Esta falla cobra relevancia en momentos en los que la UNGRD es la responsable de atender la emergencia por el terremoto del 10 de agosto.
Sobre el caso de corrupción de la UNGRD, entidad que fue saqueada para comprar congresistas y así favorecer las reformas sociales, Petro desconoce que haya acusados de su gobierno, pero Olmedo López, nombrado por el exmandatario, y Sneyder Pinilla, excabezas de esta entidad, ya fueron condenados tras aceptar su responsabilidad en el saqueo.
Asimismo, Carlos Ramón González, quien fue la mano derecha del exmandatario como director del Dapre, ya fue acusado y hoy está prófugo en Nicaragua, donde cuenta con la protección del régimen de Daniel Ortega.
Asimismo, Sandra Ortiz, exconsejera de las Regiones y quien le habría dado dinero en efectivo al expresidente del Congreso Iván Name, quien está preso, también fue acusada. Mientras que el exministro del Interior Luis Fernando Velasco fue acusado, así como el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla. Todos relacionados con el saqueo a la entidad.
Otras alertas del ‘Libro de la verdad’
Otro de los puntos en los que hizo mayor énfasis el gobierno de De La Espriella en el informe fue las denominadas “nóminas paralelas”.
Se trataría de cerca de 900.000 contratos bajo el modelo de contratación por prestación de servicios que habrían representado un gasto de 15 billones de pesos y que ahora quedan como pasivo por este “uso desmedido” de la figura.
A manera de ejemplo, el reporte cita una alerta de la Contraloría General de la República en enero de 2026 sobre la cifra de contratos que se suscribieron antes de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías: “521.269 contratos por 32,88 billones de pesos, de los cuales, solo en entidades del orden nacional, fueron 164.813 contratos por 14,87 billones de pesos”.
Otro ejemplo serían los contratos de prestación de servicios por contratación directa en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Rural que, según el reporte, “pasaron de 142 por 2.121 millones de pesos en 2022 a 1.199 por 83.583 millones de pesos en 2025”, lo que representa un “744 % más contratos y casi 39 veces el valor inicial”.
Otra de las alertas reside en la expansión de los grupos armados en el país, mientras que el Ejército “perdió capacidad de respuesta”. En este punto el reporte hizo énfasis en el déficit presupuestal de la Fuerza Pública, que ronda los 14 billones de pesos, lo cual incluso ha impedido que se haga mantenimiento a las aeronaves: “Solo ocho de 19 helicópteros MI-17 están operativos”.
/EL TIEMPO
