El ‘libro de la verdad’ en el que el gobierno de Abelardo De la Espriella hizo su balance de la ‘herencia’ de Gustavo Petro ya está en manos de la fiscal Luz Adriana Camargo, el procurador Gregorio Eljach y la Contraloría General de la República.
En esa publicación, el equipo de De La Espriella presenta su propio empalme y concluye que la pasada administración incurrió en nueve ‘pecados’ que se reflejaron en desgreño administrativo y corrupción:
- Destrucción del rigor técnico.
- Colapso de la capacidad tecnológica.
- Opacidad y distorsión de la información pública.
- Parálisis operativa.
- Captura contractual y concentración del poder operativo.
- Expansión del riesgo litigioso.
- Pérdida de control territorial frente a economías criminales.
- Fragmentación del Estado y fracaso de la conducción estratégica.
- Capacidad fiscal restringida.
EL TIEMPO tuvo acceso al documento completo, cuyos alcances serán investigados por los entes de control y la justicia ordinaria.
Este es el balance que hizo cada uno de los ministros de De La Espriella frente a lo que encontró en su respectiva cartera.
- Ministerio de Salud:
La ministra Ana María Vesga reporta que tres de cada ocho colombianos asegurados siguen en EPS intervenidas y que después de más de tres años de intervenciones, según un informe de la Contraloría, «no se observaban mejoras estructurales en la estabilidad financiera y operativa de esas entidades ni en la prestación del servicio».
El ‘libro de la verdad’ dice que «el costo humano» de las políticas de Petro «está documentado»: «Según los datos de la Superintendencia, entre 2022 y lo corrido de 2026, se acumularon más de 1,5 millones de peticiones, quejas y reclamos en las EPS intervenidas, de las cuales 645.794 corresponden específicamente a medicamentos que no se entregaron. En su momento la Contraloría advirtió que estas condiciones golpean los indicadores más sensibles: mortalidad materna e infantil, oportunidad en los tamizajes de cáncer e inicio a tiempo de tratamientos de alta complejidad».
Asegura que la Superintendencia presenta «un represamiento de más de 30.000 casos sin radicar en el canal web, uno de los medios más utilizados por la ciudadanía, situación que está generando retrasos en la gestión de reclamos en salud y solución de fondo al usuario por parte de las EPS». Y destaca entre diciembre de 2022 y junio de 2026 la deuda del sistema pasó de $15,24 billones a $40,20 billones, lo que representa un incremento del 164%.
Además, cuestiona que «mientras el sistema se desfinanciaba, el Ministerio, desde el último trimestre de 2022 hasta junio de 2026, asignó recursos por $16,1 billones, de los cuales giró $10 billones para la financiación de Equipos Básicos en Salud, infraestructura hospitalaria, entre los conceptos más importantes de las transferencias realizadas».
De esa suma billonaria, solo se ha legalizado el 28,3%, según los datos del Ministerio y la Superintendencia. El informe revela que «el 67% de los recursos asignados se realizó entre 2025 y los primeros seis meses de 2026» y que «el 29 de diciembre de 2025, a tres días de cerrar la vigencia, el Ministerio de Guillermo Alfonso Jaramillo viabilizó y asignó más de $2,2 billones para 60 proyectos de infraestructura hospitalaria sin estudios de conveniencia y necesidad, diseños definitivos ni presupuestos de obra». A corte de junio de este año, solo se había entregado documentación completa de solo 28 de los 60 proyectos, por unos $834 mil millones: «Más de $1,3 billones quedaron comprometidos sin garantía de que las obras puedan ejecutarse, operarse y sostenerse».
El ‘libro de la verdad’ dice que «algo semejante ocurrió con los Equipos Básicos en Salud: entre el último trimestre de 2022 a junio de 2026 se asignaron más de $6,8 billones para financiarlos en todo el país, cuya ejecución a junio es apenas del 29%, sin que a la fecha la Superintendencia Nacional de Salud se haya pronunciado sobre la ejecución y el uso de estos, y en igual sentido no existe alguna evaluación sobre el impacto que estos produjeron en la atención». Y concluye: «El gobierno saliente puede decir cuánto gastó; no puede decir en qué cambió la vida de la gente».
- Sector Defensa
El ministro Jorge Eduardo Mora reporta «una capacidad operacional que se deterioró de forma medible en los últimos cuatro años».
«El diagnóstico del empalme anticorrupción arrojó cifras que reflejan la magnitud de los desafíos que hoy enfrenta el sector defensa: El Ejército Nacional afronta un déficit presupuestal de $14 billones para 2026. A esto se suma la afectación directa a su flota aérea: de los 19 helicópteros MI-17 solo 8 están operacionales, mientras que de los 49 UH60, 18 no están disponibles por mantenimiento o falta de recursos», dice el balance. En la Fuerza Aeroespacial Colombiana, «de 386 aeronaves, 131 no están operacionales y apenas el 52% está disponible para volar». Por su lado, la Policía reporta una «alerta financiera de primer orden por un déficit crítico en gastos de personal por un valor de $1,7 billones de pesos para la vigencia 2026, debido a la no apropiación completa del recurso de nómina planeado para la totalidad del año». Atribuye este faltante a «la actualización de factores poblacionales y prestacionales y el incremento de personal no uniformado que se realizó sin considerar las implicaciones para esta institución».
Según el ministro de Defensa, «en el periodo 2022 – 2026 los grupos armados ilegales crecieron sin freno, aumentando en número de hombres en armas y presencia en municipios, elevando su posibilidad de ejercer violencia en distintos territorios de nuestro país».
Dice el informe que «el Gobierno saliente impulsó un proyecto superior a $6,3 billones para crear el Escudo Nacional Antidrones, que avanzó entre cuestionamientos sobre la reducción de oferentes, la metodología de evaluación y la ausencia de pruebas integrales, pues la Contraloría identificó, en sistemas antidrones adquiridos durante el cuatrienio, detecciones de drones solo a 300 y 430 metros frente a requisitos mínimos de 2 km, además de fallas de identificación, georreferenciación e inhibición de drones, advirtiendo un riesgo operacional crítico».
- Las cárceles, una bomba de tiempo
Otro de los capítulos más críticos está relacionado con el sistema penitenciario, donde el informe advierte que el 41,4 % de las personas privadas de la libertad duerme en el piso por falta de camastros y que apenas el 25,4 % estudia, mientras el hacinamiento alcanza el 28,01 % en los establecimientos de reclusión y llega al 95,5 % en los centros transitorios, cifras que, según el documento, muestran las dificultades para garantizar condiciones adecuadas y avanzar en los procesos de resocialización.
A esto se suman los 119 hallazgos en contratación realizada en la USPEC y el INPEC en las que, además, interventores habrían autorizado desembolsos relacionados con obras que, de acuerdo con la revisión, no existían físicamente, mientras varios proyectos de ampliación de cupos aparecen entre los asuntos señalados por el nuevo Gobierno.
Entre esos proyectos están la ampliación de cupos en Itagüí, con un valor de $39.385 millones, Barranquilla por $8.923 millones, Ipiales por $6.988 millones y Buga por $6.233 millones, mientras que en El Barne se adquirieron equipos de cocina por $1.164 millones que quedaron almacenados sin utilización, según el informe, que también señala que más del 90 % de la meta de 7.227 cupos prevista para el cuatrienio quedó sin entregar y que existe un detrimento superior a $82.700 millones relacionado con obras suspendidas.
«Mientras los contratistas cobran millones por obras que no existían, las prisiones colapsaban: 28% de hacinamiento del 28% en penales y 95.5% en centros transitorios. La consecuencia humana es crítica: 41,4% de los reclusos duerme en el piso por falta de camastros. Las cárceles no resocializan (solo el 25.4% de los internos estudia), convirtiéndose en escuelas del crimen financiadas por los ciudadanos. El desvío de estos fondos impide solucionar una crisis humanitaria que la Corte Constitucional declaró ilegal, dejando estaciones de policía desbordadas que amenazan la seguridad de todos los barrios», dice el informe firmado por el ministro Iván Cancino.
- Caos en el servicio exterior
El balance de lo recibido por el ministro Ómar Bula asegura que en último cuatrienio se deterioró la capacidad del país de garantizarle a cualquier colombiano que pueda «renovar su pasaporte en el exterior, registrar a su hijo o pedir una cita sin esperar meses», todo esto «mientras la red diplomática crecía»: se abrieron once embajadas y diez consulados, sobre una red que hoy suma 79 embajadas y 126 consulados y secciones consulares, con el consiguiente incremento en gastos.
«El Fondo Rotatorio del Ministerio reporta un déficit de funcionamiento de $168.425 millones para lo que resta de 2026, tras un traslado interno de $45.034 millones sobre un déficit inicial de $213.460 millones. Sin la adición de $56.164 millones solicitada a Hacienda, la entidad no tendría capacidad financiera desde agosto de 2026 para pagar arrendamientos y sostener la operación de embajadas y consulados. Es decir: se abrieron sedes sin asegurar con qué mantenerlas», dice el documento.
También denuncia que «se financiaron espacios efímeros»: «Las llamadas Casas Colombia (sedes temporales, eventos y operaciones de apenas 90 a 120 días) habrían recibido más de $8.500 millones, girados directamente a cuentas consulares bajo la figura de proyectos de inversión social, lo que permitió contratar operadores, personal temporal, arrendamientos, logística y catering sin los procesos competitivos ordinarios». Eso pasó en Santiago de Chile, Nueva York, Aruba, Montreal, Miami, Toronto y Berlín.
Dice el canciller Bula que «el problema no es solo cuánto se gastó, sino qué se priorizó: sedes de tres meses frente a consulados permanentes que alegaban falta de personal e infraestructura». Y agrega que «en los trámites esenciales el riesgo es mayor. Los convenios del nuevo modelo de expedición de pasaportes y cédulas de extranjería superan $1,3 billones, están vigentes hasta 2036 y enfrentan tres procesos judiciales: dos demandas de nulidad por controversias contractuales y una acción popular, una de ellas pendiente de decisión sobre medida cautelar de suspensión».
«Un documento de identidad es un servicio que no admite interrupciones; el nuevo Gobierno debe verificar la operación real de la Imprenta Nacional antes de que un fallo o una falla técnica deje sin pasaporte a miles de personas», advierte el nuevo Canciller, que acusa al pasado gobierno de crear frente a una planta interna de 712 cargos, unos 764 contratos de prestación de servicios: una nómina paralela atípica para los históricos del Ministerio».
‘Retórica sin resultados en tierras’
En relación con la política de tierras, el balance sectorial advierte una profunda desconexión entre la retórica oficial y los resultados jurídicos concretos, señalando que «en materia agraria, el problema de Colombia no ha sido la falta de anuncios sino la ausencia de resultados verificables».
El informe detalla la gravedad de esta brecha al denunciar que «de las 351.463 hectáreas entregadas a través del Fondo de Tierras, apenas 98.148 cuenten con registro pleno ante la Oficina de Instrumentos Públicos, mientras más de 206.000 hectáreas permanecen en condición provisional», concluyendo que «la diferencia entre la hectárea anunciada y la hectárea titulada es la distancia que separa la expectativa de la realidad».
Por otra parte, se revelan severas deficiencias administrativas y de control en las compras de tierras de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), donde se evidencia una alarmante falta de formalización en los predios adquiridos. Específicamente, el informe expone que «la Agencia Nacional de Tierras destinó 979.003 millones de pesos para la adquisición de 537 predios provenientes de la Sociedad de Activos Especiales y, al cierre del período evaluado, apenas tres contaban con escritura registrada a favor de la Nación».
Esta gestión despierta serias alertas, señala en el reporte el nuevo ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Indalecio Dangond Baquero, advirtiendo que «cuando recursos de semejante magnitud no logran traducirse en resultados verificables, surgen legítimas preguntas sobre la transparencia en la administración pública».
Al mismo tiempo, se documenta la debilidad del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), entidad clave del sector que «enfrenta dificultades presupuestales, caída de la inversión, acumulación de trámites represados y una alta dependencia de personal vinculado mediante contratos de prestación de servicios»
Finalmente, el balance resalta que estas carencias institucionales afectan de forma directa la economía y competitividad del campo, ya que «los retrasos en las admisibilidades sanitarias para exportaciones porcinas y bovinas representan mercados que no se abren, inversiones que no llegan y empleos que no se generan».
El reporte concluye enfatizando que la verdadera solución para el campesinado no radica en actos protocolarios o simbólicos de entrega, manifestando que «al campesino colombiano no le transforma la vida una ceremonia de entrega. Lo que le cambia el futuro es una escritura registrada, un crédito oportuno, mercados abiertos para sus productos».
/ElTiempo
