Una nueva disputa política tomó fuerza en redes sociales luego de que los exalcaldes de Santa Marta Juan Pablo Díazgranados y Rafael Martínez intercambiaran señalamientos por decisiones administrativas relacionadas con el proyecto del intercambiador vial de La Piragua y la participación del Fondo Mixto Sierra Nevada en la ejecución de obras públicas.
El debate gira alrededor de un decreto expedido durante los últimos momentos de Martínez como gobernador del Magdalena y de los recursos que posteriormente fueron destinados a la ejecución del proyecto.
EL DECRETO QUE DESATÓ LA CONTROVERSIA
La discusión fue iniciada por Juan Pablo Díazgranados, quien puso bajo la lupa el Decreto 294 del 30 de julio de 2025, expedido después de que Martínez dejara formalmente el cargo en cumplimiento de una decisión del Consejo de Estado relacionada con su elección.
De acuerdo con el exalcalde, mediante ese acto administrativo se habría priorizado el proyecto del intercambiador de La Piragua y se habría definido al Fondo Mixto Sierra Nevada como ejecutor, con una inversión estimada en $46.500 millones.
Díazgranados cuestionó que el proyecto no hubiera sido llevado a un proceso de licitación pública y solicitó que los organismos judiciales revisen las actuaciones relacionadas con la contratación.
MARTÍNEZ RECHAZA LOS SEÑALAMIENTOS
Rafael Martínez no tardó en responder. A través de sus redes sociales negó que el decreto mencionado implicara un anticipo para las obras y cuestionó que se le responsabilizara por decisiones o movimientos administrativos realizados después de concluir su periodo como gobernador.
El exmandatario defendió las actuaciones de su administración y aseguró que los cuestionamientos formulados en su contra no corresponden con los hechos.
La respuesta elevó nuevamente la tensión entre ambos dirigentes, quienes han protagonizado distintos enfrentamientos políticos a lo largo de los últimos años.
LOS $22.000 MILLONES EN DISCUSIÓN
Díazgranados volvió al debate con documentos y centró su cuestionamiento en un supuesto anticipo de $22.000 millones entregado al Consorcio Conexión Piragua.
Para el exalcalde, este desembolso contradice la afirmación de Martínez sobre la inexistencia de anticipos vinculados al proyecto y constituye uno de los puntos que, a su juicio, debería ser revisado por las autoridades competentes.
El señalamiento pone nuevamente sobre la mesa la necesidad de establecer con precisión las fechas de cada actuación administrativa, los contratos suscritos y el momento en que fueron efectuados los desembolsos.
FONDO MIXTO, BAJO LA LUPA
La controversia se presenta además mientras avanzan investigaciones relacionadas con el Fondo Mixto Sierra Nevada y el manejo de recursos públicos destinados a proyectos de infraestructura en distintos departamentos de la región Caribe.
En este contexto, el proyecto de La Piragua vuelve a quedar en el centro de la discusión pública, aunque las acusaciones formuladas por los exmandatarios deberán ser contrastadas con los documentos contractuales y las actuaciones de las autoridades encargadas de establecer eventuales responsabilidades.
Martínez, por su parte, también defendió el balance de los proyectos ejecutados mediante el Fondo Mixto y aseguró que 12 de los 29 proyectos asociados ya se encuentran terminados en su totalidad.
LA DISCUSIÓN QUE QUEDA ABIERTA
Más allá del enfrentamiento entre los dos exalcaldes, el caso deja varios interrogantes por resolver: qué decisiones fueron adoptadas antes y después de la salida de Martínez de la Gobernación, cuándo se efectuaron los desembolsos, cuál fue exactamente la modalidad contractual utilizada y cuál es actualmente el avance físico y financiero del intercambiador de La Piragua.
La respuesta a esas preguntas dependerá de la revisión de los expedientes, contratos, actas de ejecución y demás documentos oficiales que permitan establecer cómo fueron comprometidos y utilizados los recursos públicos destinados a esta obra.
