La permanente obsesión de Álvaro Gómez por la planeación se hace ahora más importante que nunca.
El gobierno de ADLE que ha hecho de la descentralización de la inversión pública una de sus más vistosas banderas, deberá apoyarse -para que las cosas salgan bien- en un cumplimiento cuidadoso de las normas constitucionales trazadas sobre la planeación (capítulo 2 del título XII de la Carta del 91), de cuya redacción Álvaro Gómez fue el constituyente preeminente.
Los mecanismos de la planificación y sus propósitos se han venido desfigurando en Colombia con el correr del tiempo. A veces se les considera como una ley “ómnibus” que al comienzo de cada mandato presidencial se utiliza para incorporar como leyes una cantidad de normas que nada tienen que ver con el mandato planificador. En otras ocasiones las leyes del plan cuatrienal se convierten en un disparatado listado de obras y obritas, sin financiación ni prioridades. Lo que, obviamente, no fue lo que el propósito que el constituyente del 91 tuvo en mente cuando reguló todo lo concerniente a la planificación.
Abelardo de la Espriella ha organizado lo que ha llamado “empalmes regionales” en reuniones que van girando por todos los departamentos del país, y en las cuales los mandatarios locales le hacen el inventario de las obras que quisieran tener, o las que se han convertido en elefantes blancos.
Este tipo de reuniones son útiles y gustan mucho a las comunidades regionales pues refrendan el espíritu descentralista del nuevo gobierno. Pero entrañan un riesgo: que despierten muchas expectativas que, luego, no se puedan cumplir.
La revista Cambio realizó un ejercicio interesante y alertador. Tomó 48 propuestas que se han formulado en estos empalmes regionales, y estos son los resultados: 8 resultaron viables, 28 son inciertos y 22 improbables.
Para que el plan de inversiones públicas sea realista y no despierte más expectativas de las que se pueden cumplir, resulta indispensable enmarcarlas en la ley cuatrienal de desarrollo que debe estar confeccionado y tramitado en el congreso antes de que termine el mes de noviembre del 2026.
Ahora bien: ¿Cuáles son las premisas que traza la constitución y que deben cumplirse por la ley cuatrienal del plan?
“El plan de inversiones públicas contendrá los presupuestos plurianuales de los principales programas y proyectos de inversión pública nacional y la especificación de los recursos financieros para su ejecución”, dice el artículo 339 de la Carta. No son, pues, listas de mercado: son verdaderos presupuestos plurianuales con indicación de obras y la especificación de los recursos disponibles, como la misma constitución lo precisa.
“El plan nacional de inversiones se expedirá mediante una ley que tendrá prelación sobre las demás leyes…El Congreso podrá modificar el plan de inversiones públicas siempre y cuando se mantenga el equilibrio financiero…”, concluye el artículo 341 de la Constitución.
En síntesis: para darle orden a las propuestas de inversiones públicas que se habrán de ejecutar durante el cuatrienio de ADLE, resulta indispensable enmarcarlas dentro de los postulados que los constituyentes del 91 quisieron que tuvieran las obras públicas prioritarias en el país.
Si queremos superar el casuismo caótico que caracterizó este tema fundamental en la administración Petro, resulta ineludible volver los ojos hacia los postulados de orden y de financiación seria que los constituyentes del 91 quisieron que tuviera.
Al escribir esta nota aún no ha sido designado el jefe o la jefe que tendrá el departamento nacional de planeación. Es un personaje clave. Le corresponderá liderar la confección del plan cuatrienal de desarrollo para el periodo 2026-2030 y tramitarlo en el congreso antes de terminar el mes de noviembre.
La coordinación de todos los ministerios y la sindéresis financiera con la que se organicen las obras públicas en este cuatrienio depende, en gran medida, de la preeminencia que ADLE le otorgue a la planeación en su mandato.
Posdata. Es hora de grandeza y de solidaridad: no de mezquinos oportunismos políticos. Toda la solidaridad con las víctimas del terremoto del lunes 10 de agosto. La reconstrucción de la zona afectada exigirá un gran esfuerzo financiero, y una gigantesca organización institucional, tal como se hizo en 1999 con la reconstrucción de Armenia y la zona afectada en aquel entonces. La reconstrucción del tejido social y físico del área afectada implicará, también, replantear muchos aspectos de la política presupuestal que estaba empezando a diseñar el gobierno de ADLE. Se requerirá, obviamente, un esfuerzo financiero descomunal del Estado, acompañado de la cooperación internacional y la del sector privado. La unidad nacional y el compromiso colectivo se imponen ahora: de allí que la mezquina interpretación de Petro sobre este terremoto debe censurarse con toda energía. Es hora de la grandeza y de la unidad nacional en el gran propósito de la reconstrucción que viene.
*Exministro de Estado
