El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció desde Panamá la extensión a tierra de las operaciones contra el narcotráfico en Latinoamérica. El modelo aplicado contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico se replicaría ahora en territorio. En ese mismo escenario, el Gobierno colombiano ofreció ser la base central del “Escudo de las Américas”. Una movida estratégica y muy acertada.
Hegseth definió con claridad la doctrina. Para Estados Unidos, los carteles, el fentanilo y los remanentes de grupos armados son “objetivos legítimos”, equiparables a amenazas como ISIS o Al Qaeda. Su premisa es directa, no judicializar si no “destruir estas redes con todas las capacidades del gobierno estadounidense”. Una decisión que requiere revisar su alcance, porque tengo la seguridad que militares y policías rechazan intervenciones militares de tropas extranjeras, en forma directa, no solo en nuestro territorio, también en el de países amigos, aliados, con instituciones sólidas, capaces y democráticas e integradas al Escudo de las Américas.
Es evidente que la naturaleza de las amenazas cambió. Hoy no hay guerras ideológicas en Latinoamérica. La confrontación se libra contra emporios económicos criminales donde prima la codicia, los flujos de poder y el terrorismo. El narcotráfico se expandió, las mafias extranjeras como las albanesas, se consolidan en el pacífico sur, el fentanilo crece y cobra vidas en EE.UU., la cocaína financia la violencia transnacional y nuestras Fuerzas Militares y de Policía, al lado de las comunidades más vulnerables, son víctimas directas, ahora mediante ataques indiscriminados y aleves con drones y tecnologías emergentes.
Coincidimos siempre con USA en el fin. Pero se han generado dudas en la forma y es mandatorio establecer límites, por el bien de todos, especialmente de quienes lideran estas luchas. La soberanía operacional, exige líneas rojas y sería un mal precedente, permitir operaciones militares directas de tropas foráneas en territorio colombiano.
Contamos con instituciones de seguridad sólidas, gracias en gran parte al apoyo tradicional e incondicional de los Estados Unidos. Pero, nuestras Fuerzas Militares y la Policía Nacional tienen la experiencia operacional y la doctrina para recuperar la iniciativa estratégica, retomar el control territorial y golpear con contundencia las estructuras narcoterroristas. Ya hay resultados contundentes en 10 días de gobierno, tan solo con una orden ejecutiva del presidente. Es un asunto entonces, de determinación política, pero también de estrategia y recursos, que ojalá se activen más pronto que tarde.
La cooperación en el marco del “Escudo de las Américas”, la alianza de 19 países, debe circunscribirse a las capacidades que generan mayor valor agregado y menor controversia: inteligencia estratégica, interoperabilidad tecnológica, logística, movilidad aérea y entrenamiento especializado. Este fue el modelo exitoso de colaboración del Plan Colombia durante 15 años.
El despliegue de asesores y especialistas de EE.UU. puede concentrarse en los epicentros de las economías ilícitas: Catatumbo, Arauca, Tumaco y Urabá. Con la coordinación y estricto control de las autoridades colombianas. Así funcionó en la base de Tres Esquinas, Caquetá, durante la Política de Seguridad Democrática. Se trata de ordenar la cooperación, con respeto, reciprocidad y sin usurpar responsabilidades que por mandato constitucional nos corresponden. También evitando crear caldos de cultivo para la oposición.
El marco jurídico es imperativo. Cualquier presencia o actividad de tropas extranjeras en territorio nacional, así sea de carácter excepcional, requiere autorización previa del Congreso y control de constitucionalidad. No es una facultad exclusiva del Ejecutivo. Es una decisión de Estado.
La soberanía, la independencia y la autonomía en materia de seguridad y defensa nacional son principios no negociables. Sobre ellos se construye cualquier alianza estratégica. Estoy convencido de que el gobierno sostendrá esta línea, máxima cooperación en capacidades, cero intervenciones militares directas en el terreno. Respetando nuestra tradición democrática.
La lucha contra el narcoterrorismo en nuestro territorio es única y exclusivamente responsabilidad de las autoridades colombianas. Bienvenido el apoyo siempre muy estratégico y decisivo de los Estados Unidos, también de Europa e innegablemente de los países vecinos. Pero este debe fluir, con riguroso liderazgo nacional, con aliados que sumen y no que sustituyan. Colombia y Ecuador no son la Venezuela del régimen de Maduro.
*Exdirector de la Policía Fiscal Aduanera
