Sonaron las alarmas tres días antes de entregar el poder, cuando Gustavo Petro afirmó en Soacha que las elecciones habían sido robadas, proclamó a Iván Cepeda como el “verdadero presidente de Colombia”, habló de desobediencia, promovió “guardias libertadoras” y planteó una huelga general indefinida si llegara a ser encarcelado. Cepeda sostuvo públicamente su desconocimiento de la legitimidad del nuevo mandatario.
Lo anunciado por Petro y sostenido por Cepeda se parece más a una estrategia de insubordinación frente al poder legítimamente constituido que al ejercicio responsable de una oposición democrática.
La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea calificó la segunda vuelta como transparente y bien organizada. Estados Unidos, China, la Unión Europea y Rusia reconocieron el resultado. Me cuesta tomar en serio la historia de unas elecciones “robadas” que Petro empezó a construir después de la derrota del oficialismo. Es una explicación traída de los cabellos que pretende convertir al perdedor en víctima y al vencedor en usurpador, mientras sirve de coartada para la confrontación.
Aquí aparece una palabra que Colombia conoce demasiado bien: rebelión.
El Código Penal reserva ese delito para quienes, mediante el empleo de las armas, pretendan derrocar al Gobierno o modificar el régimen constitucional. No me corresponde anticipar una calificación penal. Pero si el discurso de la desobediencia llegara a traducirse en acciones violentas organizadas desde estructuras de fuerza urbanas y rurales, dirigidas a paralizar al país y desafiar al gobierno legítimamente constituido, la pregunta dejaría de ser retórica y adquiriría dimensión jurídica.
Hay además una contradicción que no debería pasar inadvertida. Quienes combatieron durante años, con razón, la existencia de “autodefensas” organizadas al margen del Estado no pueden presentar ahora como inocua la idea de crear guardias territoriales al margen de la cadena institucional. Las historias no son idénticas; la advertencia sí es evidente: Colombia conoce demasiado bien el riesgo de entregar a organizaciones particulares funciones de protección y coerción que pertenecen exclusivamente al Estado.
El problema viene de más atrás. Cuatro años de militancia instalada en el aparato público dejaron la impresión de que demasiados cargos se repartían para premiar lealtades políticas antes que capacidad de servicio. Ese es el vicio del poder cuando empieza a tratar el Estado como patrimonio propio y el presupuesto como botín de la tribu. Perder las elecciones duele mucho más cuando también significa perder esa maquinaria.
Colombia ya conoció en 2021 el costo de bloqueos prolongados, violencia callejera, desabastecimiento y graves enfrentamientos. También hubo denuncias serias por excesos de la fuerza pública. De la Espriella no es Iván Duque. La protesta pacífica tiene garantías; la violencia organizada y los bloqueos coercitivos obligan al Estado a restablecer el orden dentro de la Constitución, con firmeza, proporcionalidad y control judicial.
El presidente De la Espriella ofreció garantías para las minorías, respeto por la separación de poderes y apertura al mundo. No me cabe duda de que así será. Preservar la democracia exige impedir que alguien pretenda imponer por la fuerza lo que perdió en las urnas.
Aquel Petro que entró a la Casa de Nariño el 7 de agosto de 2022 prometiendo un cambio histórico salió cuatro años después desconociendo la elección de su sucesor. Recibió el poder de las urnas y terminó negándose a reconocerlas cuando favorecieron a otros. Triste retrato de una presidencia que terminó sin haber aprendido a gobernar, y menos aún a perder.
*Economista*Analista Internacional
